Política

Contraloría determina que cuento y video de reforma educacional se ajustan a la ley

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Por Pablo Cádiz
Ente contralor descartó que tira cómica descalificara a la educación particular, como decía la Alianza.

La Contraloría General de la República desestimó un requerimiento de los diputados de la Alianza María José Hoffmann, José Manuel Edwards, Jaime Bellolio y Felipe Kast, quienes cuestionaban el uso de recursos públicos en dos campañas del gobierno. 

Los diputados apuntaban al cuento "Sofía aprende con todos", que implicó un costo de $41 millones y que a juicio de los parlamentarios contenía críticas "veladas" hacia la educación particular subvencionada y constituía un "medio de propaganda gubernamental sin sustento legal". 

Junto con esto, cuestionaban la campaña publicitaria "Educación pública. Un derecho. Un Orgullo"transmitida en canales de televisión y redes sociales, y donde figuras televisivas hacían un llamado a preferir este sistema de enseñanza.

Cómic no descalifica educación particular

De acuerdo al dictamen al que accedió T13 la Contraloría determina que la elaboración del cuento se encuentra dentro de las "atribuciones" del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno "en su calidad de órgano de informaciones" del Ejecutivo. 

En este contexto se señala que es un "material idóneo para difundir asuntos relacionados con el desarrollo y la calidad de la educación pública".

Sofía Aprende con Todos

Respecto a las críticas de la Alianza en cuanto a que la existencia de críticas veladas hacia la educación particular el dictamen señala que "aun cuando parte de la historia narrada cuestiona algunos aspectos de un colegio, donde estudia Sofía la protagonista, esto es sólo un recurso alegórico para resaltar los valores del modelo de educación pública que pretende promover".

"Así, no se advierte una descalificación a la educación particular", agrega el fallo.

En el informe se agrega que se ha empleado un lenguaje "prudente" y que "no distorsiona la comprensión de la debida finalidad de esta acción publicitaria, al no exceder, en los términos señalados, el ámbito de difusión de la reforma educacional".

Es por lo anterior que se señala que el accionar de ese ministerio "se ha ajustado cabalmente al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no existen antecedentes que ameriten perseguir eventuales responsabilidades en relación con esta materia".

Campaña es parte del "deber" del ministerio

Sobre la campaña publicitaria, el informe señala que es jurídicamente admisible, puesto que se enmarca dentro de un plan de retención de la subsecretaría de Educación destinado a entregar información "relacionada con la calidad, cobertura y equidad" del sistema, las que "tiene el deber de fomentar" de acuerdo a su normativa legal. 

En cuanto a los gastos realizados en la campaña, la Contraloría señala que corresponden dentro de sus ámbitos.  

"La jurisprudencia administrativa ha informado que las acciones en referencia pueden materializarse utilizando publicaciones impresas, videos u otros materiales audiovisuales, y, asimismo, darse a conocer los respectivos mensajes a través de los medios de comunicación, utilizando páginas web o las diversas plataformas disponibles en internet", agregan.

Sobre el contenido de la campaña, el fallo dice que éste "no se aparta de la idea central de que la educación pública puede ser de buena calidad, para todos los que la necesiten, y gratuita, lo cual puede propiciar esa Secretaría de Estado".

De esta forma la Contraloría viene a afianzar lo establecido meses atrás con el fallo del mismo ente sobre la reforma tributaria, en relación a que el gobierno sí puede realizar videos para difundir sus políticas públicas.

Con todo, en esa ocasión, los cuestionamientos del organismos estuvieron enfocados hacia el lenguaje empleado en el video, en particular hacia la frase de que "los que atacan la reforma son los poderosos de siempre".

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