Política

Renta universal hasta septiembre y prorrogable: la propuesta de "mínimos comunes" de la oposición

covid
Agencia Uno
Por T13
Documento -al que tuvo acceso T13.CL- será discutido este martes por los senadores del bloque.

Agenda de mínimos comunes: propuesta de la centroizquierda”. Así se titula un documento de diez páginas que -a modo de borrador- resume los principales planteamientos de sectores de la oposición respecto a la conversación que se abrió con el gobierno en los últimos días para, entre otras medidas, implementar nuevas ayudas sociales en medio de la pandemia. 

“Como oposición hemos resuelto dejar de lado cualquier cálculo político y hemos invitado una vez más al gobierno a escuchar, no a la oposición, a escuchar a Chile, a asumir la profundidad de la crisis, a dejar de lado su sobre ideologización en que ha fundado todas y cada una de sus decisiones y a terminar de manera digna los meses de gobierno que le quedan, respondiendo a lo que Chile y sus familias necesitan y merecen”, plantea de entrada el texto, al que tuvo acceso T13.CL y que será discutido este martes en el habitual almuerzo de senadores de la oposición.

El documento propone cuatro grandes planteamientos: 

1) Renta Básica Universal de Emergencia; 

2) Plan de Recuperación para las Mipymes y Sectores postergados; 

3) Fortalecimiento de Medidas Sanitarias; y 

4) Fuentes de Financiamiento para estas Urgencias.

Respecto a la Renta Básica de Emergencia, se subraya su cobertura universal. “Debe llegar a todas las personas que necesiten de apoyo estatal durante la pandemia. Para ello, se propone una cobertura inicial del 100% del Registro Social de Hogares (6,6 millones de familias). Aquellas familias que estén en el RSH, pero tengan altos ingresos (correspondientes al décimo decíl de ingresos del país), podrán ser detectadas y excluidas del beneficio, a partir de la información sobre ingresos que conste en otros registros administrativos, por ejemplo, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos”, sostiene el texto. 

“Adicionalmente se deben considerar mecanismos complementarios que permitan el ingreso a la prestación de personas en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH, con apoyo de registros administrativos que sirven para tal efecto y con la cooperación de los municipios y 4 organizaciones territoriales. De esta forma se podrán incorporar grupos de potenciales beneficiarios que necesitan la prestación, pero que, por alguna razón, han quedado fuera de la red estatal. Esta nueva información permitirá, además, mejorar y completar el RSH como instrumento de política pública”, sentencia la propuesta.

Respecto al monto, se asegura que “la renta básica se calculará en torno a un criterio de suficiencia por hogar, basado en instrumentos formales de medición, los que consideran como base la línea de la pobreza, más otros gastos familiares esenciales no considerados en la estimación de ese parámetro.  Y sobre la duración se confirma la idea de que se extienda, al menos, hasta septiembre de 2021. “Este plazo deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen”, sentencia.

Respecto al apoyo a las Pymes, el documento propone, entre otras medidas, establecer subsidios directos por un monto total de US$ 3.000 millones, “para hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleos en la etapa de recuperación”. “La cobertura debe ser universal y dentro de ella deben priorizarse aquellasindustrias más afectadas, como son: cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios personales y sociales, artesanía y comercio minorista, pequeña industria”, precisa el texto. 

Sobre el fortalecimiento de las medidas sanitarias, el planteamiento opositor propone una serie de medidas, como por ejemplo decretar la gratuidad del examen PCR, independiente de la cobertura de salud de la persona. También propone una transferencia de recursos a la atención primaria de salud para Testeo–Trazabilidad-Aislamiento. “Implementar 30 trazadores por cada 100.000 habitantes (1 por cada 3.333 habitantes, además de gestores de casos, gestores del cuidado y trabajadores de APS suficientes en todos los territorios. Remuneración bruta: $800.000 a $1.000.000 (MMM$4,8 a MMM$6,0 mes)”, se lee en el documento. Además se propone un pago de subsidio de incapacidad laboral y revisar la situación de las listas de espera en distintas áreas.

Finalmente, en el item del financiamiento de las propuestas ya mencionadas, el documento plantea distintas fórmulas. Por ejemplo, para las medidas que impliquen recursos de ejecución dentro de la actual Ley de Presupuestos se plantea una “mayor recaudación adicional fiscal proveniente de las mejores proyecciones del mayor precio del cobre tanto de la minería privada, como de Codelco”. También se propone un mayor endeudamiento “en base a espacio existente de acuerdo a proyecciones del mismo Ministerio de Hacienda", el uso de activos del Tesoro Público, “como el FEES, cuyo propósito es justamente responder a la estabilización de políticas económicas y sociales”, y la reasignación de recursos “mediante la gestión temporal del financiamiento a Fondos de las FFAA, tanto el correspondiente a capacidades estratégicas como de contingencia”.

Respecto a fórmulas de financiamiento para el mediano y largo plazo, la propuesta de la oposición plantea medidas “para la urgente reducción de la Evasión y la Elusión”, como el acceso efectivo del SII a información bancaria  y perfeccionar la Norma General Anti Elusión, entre otras reformas. En otros apartados, también se aborda la eliminación “de Exenciones Tributarias Inefectivas”. Y finalmente, se propone “avanzar en una agenda de medidas que busquen una mayor recaudación para financiar medidas de carácter permanente y que logren alcanzar una mayor progresividad del sistema tributario”, donde se menciona “diseñar un nuevo sistema tributario más justo, equitativo y simple” y “aumentar recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales (revisión de información relativa a elusión y evasión para el mercado, construyendo desde ahora una línea base para establecer la carga impositiva efectiva de la minería y la posterior implementación de medidas tributarias”.

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