Lo nuevo. El 29 de enero, la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Paz Troncoso, emitió un informe tras la investigación disciplinaria abierta en noviembre contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

  • En el documento, en que se sugiere abrir un cuaderno de remoción en su contra, Troncoso cuestiona la contratación en el Conservador de Puente Alto de siete personas que mantenían relaciones familiares o laborales con jueces, notarios y parlamentarios.

Modus operandi. El informe judicial parte señalando que una mujer colombiana comenzó prestando servicios en la casa de Gonzalo Migueles y Ángela Vivanco, quien desde el viernes está en prisión preventiva tras su formalización por tres cargos de cohecho y uno de lavado de activos en la denominada trama bielorrusa.

  • Lo que llamó la atención fue que la misma persona luego fue contratada por Yáber en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.
  • Así, la mujer cumplió durante un tiempo labores tanto en la casa de Vivanco como en el Conservador, a cargo de Yáber, quien operaba cultivando relaciones personales, en este caso con la exmagistrada, superior jerárquica de él en el escalafón judicial y jueza en el caso de que una corte impugnara su labor y pidiera su remoción.
  • La contratación de la mujer, si bien escapa a asuntos de beneficio económico, reflejó cómo el cerco entre lo profesional y laboral se fueron difuminando. Así quedó plasmado en otro punto del informe del Poder Judicial.
  • Se trata del traspaso de un Porsche Cayenne V16 por $35 millones en febrero de 2021 que hizo Yáber a Vivanco y a los pagos mensuales que recibía Migueles, pareja de la exjueza, por sus labores en el Conservador, entre otras cosas.
  • Según la fiscal, en los nexos entre Yáber, Vivanco y Migueles, “hay un cúmulo de antecedentes que permiten justificar que a través de estos contratos y pagos con dinero, bienes o servicios de terceros se remuneraba por mantener y proyectar esta red de intervención en asuntos propios o ajenos, que impactan al servicio judicial”.

Cotizaciones. Según la fiscal Troncoso, además, el pago por los servicios de la mujer en la casa de Migueles y Vivanco “se habría producido en dinero efectivo, pero se reconoce las labores especiales que primero prestó para la pareja en el departamento de Las Condes, antes del cambio de casa. Previred no registra cotizaciones complementarias en los años que trabajó en los dos empleos”.

  • Con el tiempo, pasó de hacer el aseo a atender público en los mesones en el conservador de bienes raíces de Puente Alto.

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La tesis de Troncoso. Para la fiscal judicial, la contratación de la trabajadora es un contrato simulado y “es una de las modalidades de pago de los servicios de intermediación ofrecidos por la pareja Vivanco-Migueles a las que accedía Yáber Lozano”.

  • “Es evidente que la contratación por Yáber Lozano es otra forma de congraciarse y comprometer a la pareja. Porque no está demostrado que (la mujer) hubiere percibido pago por esos servicios extras domésticos que se sostuvieron pagados en efectivo, a la vez que no hay constancia de los abonos previsionales correspondientes”, afirma.

La respuesta de Yáber. La defensa del conservador, que lidera el abogado Guillermo Chahuán, presentó un escrito con sus descargos, en el que califica de “especialmente especulativa y calumniosa” la imputación que realizó la fiscal Troncoso: “Existió contrato de trabajo, labores reales y adecuadas, imposiciones pagadas, remuneraciones y finiquito pagado, registro de asistencia”.

  • “Que también trabajara para otras personas no invalida su relación laboral con el Conservador de Bienes Raíces, no la tiñe de irregularidad, al contrario, dignifica a la trabajadora”, añadieron.
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