Democracia Viva: por qué la fiscalía pidió 10 años de cárcel para Catalina Pérez y Daniel Andrade (y 35 años para exseremi Contreras)

Por qué importa. La acusación presentada por el fiscal jefe de Antofagasta Cristián Aguilar en el caso Democracia Viva marcó un hito a dos años y dos meses de que estallara la que se transformaría en la causa madre del caso Convenios.

• Los tres convenios por $426 millones suscritos en 2022 por el secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras con la fundación Democracia Viva presidida por Daniel Andrade golpearon al partido oficialista Revolución Democracia, hoy incorporado al Frente Amplio (FA), dado el conflicto de interés que hubo en las firmas.
• Contreras había sido jefe de gabinete de la hoy desaforada diputada Catalina Pérez (ex FA), quien era pareja de Andrade, que también militaba en el partido.
• A esto se sumaba que la fundación, conocida por dar charlas sobre el proceso constitucional, carecía de experiencia en los proyectos de servicios para campamentos que se había asignado.

• La fiscalía pidió 10 años de cárcel para Pérez y Andrade, pero 35 años para el exseremi Contreras y la exconcejal Paz Fuica, por su rol adicional en la suscripción de convenios con las fundaciones Fibra (por $430 millones); Tomarte (por $456 millones) y la fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo, por $284 millones). Fuica fue acusada por su asistencia en los contratos.
• Ni Pérez ni Andrade ni Contreras están en prisión preventiva.
• Además, se pidieron penas para los representantes de las otras fundaciones por fraude y lavado de activos.

Por qué se pidió 10 años de cárcel. El fiscal pidió, en el caso Democracia Viva, 10 años de cárcel para Pérez, Andrade, Contreras y Fuica por tres delitos consumados de fraude al fisco. A esto sumó la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.

• La invitación. En el documento de 232 páginas detalló que “la imputada Pérez Salinas se puso de acuerdo con el imputado Contreras Gutiérrez para que éste invitara a la fundación Democracia Viva, para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir tratos fiscales por el Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.
• “La imputada Pérez Salinas acordó con su pareja Daniel Andrade que éste aceptara dicha invitación, luego de lo cual, entre los meses de julio y agosto de 2022, Andrade Schwarze coordinó con Contreras Gutiérrez que le remitiera todos los antecedentes necesarios para realizar su postulación para obtener los fondos fiscales, dándole Contreras indicaciones sobre cómo debía hacerlo, todo antes que se resolviera la elección de Democracia Viva como receptora de fondos”.
• Contrato falso. “Pérez Salinas estaba en conocimiento que se había suscrito en el mes de julio de 2022 un contrato falso de arriendo, entre Daniel Andrade por Democracia Viva y Cecilia Millán, una conocida militante del partido Revolución Democrática, respecto del inmueble ubicado en Exequiel Fernández (…) Ñuñoa, para justificar un domicilio de la fundación y poder realizar el trámite de iniciación de actividades ante el SII, trámite que se efectuó a fines del mismo mes, y obtener los fondos fiscales del PAP”.
• “Además, aquélla, posteriormente, intervino directamente en la obtención de una copia del referido contrato de arrendamiento del inmueble que simulaba ser la dirección de la Fundación, sabiendo que ello no era efectivo, todo, con el fin que se asignaran los fondos fiscales”.
• Sin experiencia. “Pérez propició que Daniel Andrade postulara a los programas de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales del PAP, en conocimiento de que ni Democracia Viva ni Andrade tenían experiencia, competencias ni experticia en materia de habilitación primaria”.
• Nóminas. “Por su parte, el imputado Contreras Gutiérrez intervino en el proceso previo a suscripción y aprobación de los tres convenios de transferencia de fondos públicos antes mencionados; en efecto, consiguió modificar intencionadamente la nómina de las fundaciones que para ese mismo año 2022 serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos del PAP, logrando la incorporación de la fundación”.
• Tras el escándalo. “Catalina Pérez Salinas (…) dio indicaciones a Daniel Andrade sobre cómo tenía que aparentar que el inmueble de una conocida militante del partido Revolución Democrática, que fue declarado por aquél como domicilio de la fundación, apareciera efectivamente como la sede de dicha institución, tales como indicarle que le pusiera un logo de la fundación a la puerta; que acondicionaran el lugar como una oficina, y que hablaran con el conserje del edificio y la persona que había arrendado la propiedad, para que señalaran que en el lugar efectivamente funcionaba la fundación”.
• “Acordó con Daniel Andrade y Carlos Contreras para que éstos asumieran la responsabilidad por la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera a aquélla, lo que establecieron como estrategia para blindar a la parlamentaria”.
• “Tanto la imputada Catalina Pérez como Daniel Andrade eliminaron de sus teléfonos celulares todo contacto que mantuvieron con el imputado Contreras”.