La Corte Suprema encendió el debate político y económico tras recomendar este viernes una serie de “ajustes relevantes” al proyecto de “megarreforma” impulsado por el presidente José Antonio Kast.
El máximo tribunal remitió sus observaciones tanto al Mandatario como a la Cámara de Diputados, instancia donde el proyecto comenzará próximamente su discusión legislativa. El informe aborda especialmente las modificaciones al régimen de evaluación ambiental, el sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y las atribuciones de los Tribunales Ambientales.
La intervención de la Suprema ocurre apenas un día después de que la iniciativa fuera aprobada en la comisión de Hacienda del Congreso y en medio de un fuerte enfrentamiento político. Desde el Gobierno acusaron a sectores de centroizquierda y oposición de intentar “obstaculizar y boicotear” el avance de la reforma.
Qué incluye la “megarreforma” económica de Kast
La denominada ley de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social” contempla más de 40 medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico en Chile. Entre las principales propuestas destacan:
- La reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27 % al 23 %.
- Incentivos tributarios para fomentar el empleo formal.
- Exención transitoria del IVA para la venta de viviendas nuevas.
- Cambios al sistema de permisos ambientales para acelerar inversiones.
La iniciativa también ha generado inquietud entre organismos técnicos. Tanto el Consejo Fiscal Autónomo como el Fondo Monetario Internacional advirtieron esta semana sobre el posible “impacto fiscal neto negativo” del proyecto y los desafíos que implicaría cumplir las metas de déficit y deuda pública.
La advertencia de la Corte Suprema por el riesgo para el Fisco
Uno de los puntos más sensibles del informe judicial se relaciona con el mecanismo que permitiría compensar gastos a titulares de proyectos ambientales cuyas resoluciones sean anuladas por tribunales.
Según la Corte Suprema, aunque la norma pretende resguardar la confianza legítima de los inversionistas, “aparece formulada en términos amplios”.
“Sus resguardos se concentran principalmente en la acreditación y cuantificación del gasto, y no en presupuestos sustantivos estrictos de procedencia”, sostiene el documento.
El tribunal alertó además sobre un eventual riesgo para las finanzas públicas, señalando que “el Fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada”.
Frente a ello, la Corte recomendó incorporar exigencias más estrictas, como la acreditación de “buena fe del titular, ausencia de contribución al vicio, razonabilidad de los gastos y una carga patrimonial anormal o desproporcionada”.
Asimismo, el informe subraya que “la propuesta innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente”.
Críticas al sistema de impugnación ambiental
Otro de los cuestionamientos apunta al nuevo sistema de reclamaciones ambientales planteado por el Ejecutivo.
La Corte Suprema sostuvo que el proyecto “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema”, lo que podría generar problemas de interpretación jurídica.
Además, el informe advierte que la iniciativa “omite armonizar esta nueva acción con las reglas de legitimación activa de la Ley N°20.600”, normativa que regula los Tribunales Ambientales.
Para el máximo tribunal, esta omisión podría afectar la aplicación práctica de la norma y abrir incertidumbre respecto de quiénes estarán habilitados para impugnar resoluciones ambientales.
En su análisis final, la Corte Suprema concluyó que “la regulación propuesta requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos”.
