A través de una carta de una carilla, el fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, dejó el Ministerio Público. En el documento ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, expuso sus razones para salir del ente persecutor, agradeciendo a la institución, donde le tocó liderar, hasta hace poco, el caso ProCultura, el cual ha sufrido una serie de embates para la institución. El último: el rechazo a la solicitud de desafuero para el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
Sin embargo, a pesar de las palabras de agradecimiento hacia Valencia, la salida del fiscal Ríos tiene un trasfondo mayor.
En diciembre del año pasado denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, su superior directo. En la denuncia, a la cual accedió Reportajes T13, se señala que "con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable".
Las diferencias sobre cómo llevar el caso ProCultura fue clave. En la denuncia que Ríos envió a la Fiscalía Nacional se lee que "en la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, el DER y/o el Fiscal Regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de Procultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo".
Agrega que "no tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información 'por fuera' y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía".
El caso ProCultura se transformó en un problema para el Ministerio Público. El primero en investigar el caso fue Carlos Palma -quien salió luego de ser salpicado por el caso Hermosilla-, posteriormente, la investigación al asumió el fiscal Patricio Cooper, quien fue cuestionado por la interceptación telefónico a la exesposa de Alberto Larraín, y finalmente, recayó en Antofagasta.
En esta última Fiscalía se perdieron dos instancias claves: la solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín, y el desafuero de Orrego.
