El Gobierno de Gabriel Boric criticó la decisión del juez que accedió a la solicitud de la defensa de los presos de la cárcel de alta seguridad que pidieron que se autorice el ingreso de visitas, pese a que quienes los van a ver no cuentan con documentos en Chile. El caso involucra a presos vinculados al Tren de Aragua y a los acusados por el crimen del cabo Daniel Palma.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, respaldó la decisión que había tomado Gendarmería y tuvo que ser suspendida por la decisión judicial, y confirmó que insistirán en tribunales para reponer esa doctrina.
“El Ejecutivo tiene una opinión crítica. Hasta ahora Gendarmería ha actuado de conformidad con los criterios que ha establecido previamente y que habían sido ratificados por la propia jurisprudencia de la corte”, expresó el ministro Cordero.
“Esto es especialmente complejo en la situación que se está viviendo respecto de personas privadas de libertad que se encuentran en la cárcel de máxima seguridad y a la cual Gendarmería ha impedido sus visitas que no tengan regularizada la situación en el país. Gendarmería ha señalado, y el gobierno comparte la doctrina de Gendarmería, que no pueden realizar visita de cárcel aquellas personas que no tengan regularizada su situación en el país, especialmente en recintos de máxima seguridad”, agregó.
Protesta de reos vinculados al Tren de Aragua
A principios de octubre, 15 reos se autoinfringieron heridas en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago a modo de protesta por la prohibición de Gendarmería de que sus familiares acudieran a verlos.
Esta protesta fue encabezada por Carlos González Vaca, conocido como “el Estrella” y Hernán Landaeta, alias “Satanás”, ambos vinculados directamente al Tren de Aragua, la organización criminal venezolana con redes en Chile.
Sin embargo, según informó La Tercera, el recurso ante la justicia fue interpuesto por los procesados por el crimen del carabinero Daniel Palma, quienes también son de origen venezolano.