Marcelo Moya Vidal, pedófilo condenado por delitos de pornografía infantil y abuso sexual, consiguió que la Corte de Apelaciones ordenara a Gendarmería habilitarle acceso restringido a internet para estudiar desde la cárcel, luego de obtener puntaje nacional en la PAES 2025.
El interno, quien actualmente tiene 41 años, cumple una condena de 12 años y se encuentra recluido tras ser condenado por almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual contra una menor de 14 años.
Fue en 2016 cuando la Brigada del Cibrecrimen de la PDI logró detener a Moya, que en su poder tenía más de 50 mil archivos de pornografía infantil, además de pruebas de abuso sexual en contra de una menor perteneciente a su círculo familiar.
Tras su detención, el sujeto se convirtió en el pedófilo más peligroso de las redes en Chile.
Quién es Marcelo Moya, el pedófilo que está preso y sacó puntaje nacional
Según reveló Biobío Investiga, Marcelo Moya Vidal fue detenido luego de una alerta internacional emitida desde Alemania en 2014. Interpol detectó e informó que desde una dirección IP en Chile se descargaba material de explotación sexual infantil.
Cuando personal policial llegó hasta el domicilio de su padre, Moya reconoció los hechos y colaboró entregando notebooks, discos duros y teléfonos donde almacenaba los archivos investigados.
Posteriormente fue condenado a 12 años de cárcel, pena que finalizaría el 28 de octubre de 2029.
Marcelo Moya Vidal, fue detenido a los 33 años y ahora tiene 41. Además, es hijo del exrector del Liceo de Aplicación, Luis Moya Gallegos, según consignó en su momento La Tercera.
Antes de ser detenido, Moya Vidal cursaba quinto año de Ingeniería industrial en la Universidad Federico Santa María, recoge 24 Horas.
Pedófilo estudiará ingeniería en la cárcel
Mientras cumple condena, Moya decidió retomar sus estudios y en 2025 rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde obtuvo puntaje nacional, según documentación del DEMRE, detalló el citado medio.
Tras ello manifestó su intención de estudiar Ingeniería mediante modalidad online y solicitó a Gendarmería acceso a computador e internet controlado para conectarse a clases.
La institución rechazó inicialmente la petición argumentando que el penal no contaba con un espacio físico habilitado, ni computadores disponibles, ni la infraestructura de conexión a internet para internos.
El abogado defensor, Ricardo Bravo Cornejo, sostuvo que el acceso sería completamente supervisado y limitado exclusivamente a plataformas educativas autorizadas.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por la defensa. El tribunal concluyó que, pese a estar privado de libertad, Moya mantiene intacto su derecho a la educación y que Gendarmería debía realizar las gestiones necesarias para facilitar sus estudios superiores.
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