El Juzgado de Familia de Santiago acogió la solicitud de dos adultos mayores que pidieron el cese de la pensión alimenticia que desde 2010 pagaban a su nieto, luego del fallecimiento de su hijo, padre del joven beneficiario. El fallo fue emitido por la magistrada Verónica Vymazal Bascopé, quien reconoció la situación de vulnerabilidad económica que afecta a los abuelos.
Según los antecedentes judiciales, la obligación de pago se estableció en sede de mediación hace más de una década, con un monto inicial de $50.000 mensuales, posteriormente reajustado a $85.516. Sin embargo, en 2025 los abuelos, cuyas pensiones solidarias no superan los $250.000 entre ambos, acudieron a tribunales argumentando que la carga económica era insostenible y atentaba contra su bienestar en la vejez.
El joven beneficiario, actualmente de 21 años, se encuentra matriculado en la carrera de Ingeniería en la Universidad de las Américas, pero según el fallo, no presentó pruebas suficientes que acreditaran dependencia económica continua ni la prosecución regular de sus estudios tras finalizar la enseñanza media.
La jueza Vymazal destacó que los abuelos perciben pensiones básicas solidarias de $126.178 y $112.452, respectivamente, lo que representa ingresos bajo el umbral mínimo establecido para una subsistencia digna.El pago mensual de la pensión representaba más de un tercio de sus ingresos totales, profundizando su situación de vulnerabilidad.
En su resolución, la magistrada subrayó que exigirles continuar con esta obligación "afecta seriamente la dignidad de su vejez", aludiendo al artículo 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual consagra el derecho a una vida digna hasta el fin de sus días.
El tribunal concluyó que no existían fundamentos suficientes para mantener la pensión alimenticia, y por tanto, determinó el cese definitivo del pago a favor del nieto, liberando a los abuelos de cualquier obligación futura.
