La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, apuntó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas de 56 condenados por abuso sexual y violación contra menores de edad y defendió que el secretario de Estado actuó "conforme a las facultades legales que tiene".
Al ser consultada sobre el tema, Chevesich sostuvo que "sobre la materia no me voy a pronunciar, fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene. No me voy a pronunciar tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque se analiza cada caso concreto".
En este sentido, manifestó que "tendría que analizar cada una de las sentencias a las que se hace referencia para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia, esa labor le corresponde a los doctrinarios, a los estudiosos de las sentencias dictadas por la Suprema".
La presidenta de la Corte Suprema enfatizó que "aquí hay una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión, consecuencialmente si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia".
Rabat acusa "un problema de aplicación de la Constitución" tras rebaja de condenas
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró que "en el año 2022 se efectuó una reforma legal que excluye a todos aquellos que se encuentran condenados por delitos sexuales de obtener este tipo de beneficios. Desde esa fecha, no se concede ninguno de esos beneficios".
Sin embargo, afirmó que "existe un principio de orden constitucional, no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio de un condenado".
"Desde esa perspectiva, hay una jurisprudencia bastante generalizada que ha acogido recursos de amparo respecto de aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado", agregó Rabat.
En este sentido, defendió que "lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es recoger el principio constitucional y ello ha quedado expresamente recogido en cada una de las resoluciones que se han dictado señalando expresamente la gravedad de estos delitos. Nos parece muy relevante los proyectos de ley que parlamentarios han presentado para evitar este vacío".
Con respecto a los cuestionamientos de los exministros Jaime Gajardo y Camila Vallejo, Rabat acusó que "durante el gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas en que acogieron estos beneficios", asegurando que "son de la misma materia".
"Lo importante es entender que hay un problema legal, de irretroactividad penal que se dictó en el año 2022. Por eso celebro que los parlamentarios hayan presentado proyectos de ley para superar este problema", aseguró el secretario de Estado.
El ministro Rabat planteó que "existe una norma constitucional, es un problema de la aplicación de la Constitución y la ley que fue aquello respecto a la cual un ministerio debe actuar asentado a una jurisprudencia mayoritaria sobre la materia" .
"Así lo establece la ley, es el Ministerio de Justicia, el que luego de analizar los antecedentes de estas comisiones que otorgan estos beneficios quien dicta la resolución administrativa respectiva", zanjó.
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