Durante las últimas horas se dio a conocer que Osmar Ferrer, sicario venezolano imputado por el homicidio de José Reyes, fue dejado en libertad a menos de 24 horas de haber sido formalizado.
Ferrer, junto a otros dos venezolanos, había quedado con la medida cautelar de prisión preventiva tras el homicidio del denominado "Rey de Meiggs", crimen registrado el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.
Sin embargo, la noche del lunes la Fiscalía informó que el imputado fue liberado recientemente de la cárcel con una orden judicial. En concreto, se trataba de un documento del Juzgado de Garantía que ordenó la liberación de Ferrer el pasado 10 de julio.
Desde Gendarmería descartaron que se tratara de un documento falso, ya que fue "recepcionado por los canales regulares del sistema".
Una polémica liberación que el Poder Judicial aclaró este martes mediante un comunicado, apuntando a problemas con la identificación del imputado y descartando una vulneración del sistema.
Polémica liberación de sicario: comienzan diligencias con interrogatorio a jueza
A raíz de estos graves hechos, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, instruyó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones de los tribunales de justicia.
Asimismo, la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó un sumario administrativo a cargo de un fiscal judicial por la liberación del sicario Osmar Ferrer, derivando todos los antecedentes al Ministerio Público.
En tanto, la Fiscalía Nacional dispuso que la investigación esté a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, diligencias que comenzaron durante esta misma jornada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y que incluyen un interrogatorio a la jueza Irene Rodríguez Chávez, quien firma la resolución de prisión preventiva del imputado.
Para el abogado Claudio Valdivia, panelista de Tu Día, “el fiscal no solamente puede, debe estar interrogando no solamente a la jueza, ojo, sino también a todos los funcionarios. Aquí hay un administrador, que es Mario Cabrera”.
“Mario Cabrera es un funcionario judicial que tiene vasta experiencia, vasta. Incluso fue el administrador de la Corte de Apelaciones de Santiago en un momento. Así de experiencia tiene la persona que hoy día está de administrador en ese Juzgado de Garantía”, agregó.
Recordar que la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, citó a una reunión urgente a la directora y al equipo de informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) para recibir un informe preliminar de la trazabilidad de las diferentes resoluciones de la causa.
Estas fueron, según el Poder Judicial, las siguientes:
- El 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas.
- A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado.
- A las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos.
Entre la resolución que deja sin efecto la instrucción por problemas con la identificación del imputado (20:25) y la una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los datos correctos, se produce su liberación mediante otra orden que dejaba sin efecto la medida cautelar.
Al respecto, Gloria Ana Chevesich señaló que "efectivamente, el día 10 de julio a las 12:11 horas se comunicó la primera resolución, aquella que había corregido lo anterior y dejado en libertad, pero a las 14:13 horas del mismo día se comunicó por correo electrónico a Gendarmería de Chile, la orden que dispuso a prisión preventiva que está vigente".
“Si es que yo corrijo una resolución, y no solamente corregirla, sino que hay tres oficios, ¿es que acaso no llamo por teléfono a Gendarmería, por ejemplo? ¿Es que no chequeo la información que llega? ¿Es que del Tribunal, al día siguiente, no verifican que efectivamente se haya dado cumplimiento?”, concluyó el abogado Claudio Valdivia.
No existirían protocolos
El periodista José María Del Pino, también en el matinal del 13, comentó que se comunicó con dos jueces de tribunales, quienes le señalaron tener 50 órdenes diarias aproximadamente. Es decir, debido a esta sobrecarga laboral dentro de un tribunal, ellos no tendrían la capacidad de revisarlas todas y simplemente deben firmar confiando en quien redacta.
“No existen protocolos para minimizar el riesgo. Es decir, yo como juez confío o no confío en la persona que está redactando lo que pasa en mi tribunal, porque yo no tengo la capacidad de redactarlo por sí solo”, indicó Del Pino, apuntando a la primera orden de ingreso a prisión preventiva del imputado, la que incluía los problemas de identificación que menciona el Poder Judicial.
