El veredicto del Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago puso término a los 10 años que demoró en resolverse el caso SQM (Sociedad Química y Minera de Chile). Finalizó con los ocho acusados absueltos.
El caso, que involucraba al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, al exministro Pablo Longueira y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse, explotó en 2015, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, e indagaba el presunto financiamiento irregular de campañas electorales por parte de SQM a figuras de distintos partidos, desde el Partido Socialista a la UDI.
En enero de 2015 estalló mediáticamente como arista del caso Penta, que reveló un fraude fiscal y de financiamiento político ilegal, inicialmente asociado a políticos de la UDI.
En febrero del mismo año, se detectaron por parte del Ministerio Público boletas que desde 2009 fueron pagadas a figuras como Fulvio Rossi (sobreseído), Roberto León y Marcelo Rozas. Estos últimos dos, acusados y absueltos.
La investigación estaba a cargo del exfiscal Carlos Gajardo. Cuando esta se divide, Andrés Montes, hijo del actual ministro Carlos Montes (PS), asume y deja el caso pocos días después, en medio de críticas. Es el entonces fiscal Nacional, Sabas Chahuán quien toma su lugar.
Más tarde, en abril, comienzan a surgir los nombres de Pablo Longueira, Pablo Zalaquett y Marco Enríquez-Ominami. Y en septiembre se formaliza a siete personas, entre ellos a Contesse.
Se produce un nuevo cambio de fiscal y asume Pablo Gómez, quien es reemplazado en noviembre de 2018 por Claudia Perivancich.
Entre las indagatorias de la Fiscalía destacan correos entre Contesse y Longueira por el proyecto de ley de royalty minero, con el cual se sospecha un posible delito.
El expresidente Sebastián Piñera declaró como testigo y aseguró que su administración redactó y tramitó la iniciativa.
Gajardo por veredicto sobre caso SQM
Una vez conocido el veredicto, el exfiscal Gajardo salió a cuestionar la decisión y a plantear que es "sin duda la mayor derrota que ha tenido la fiscalía en la historia de la reforma procesal penal".
Asimismo, concluyó que "es el punto final de una serie de decisiones que se tomaron primero en el Ministerio Público, desarmando el equipo que había iniciado el caso SQM y en el Servicio de Impuestos Internos cuando se tomó la decisión arbitraria de querellarse en contra de algunas personas y no hacerlo en contra de otras en idéntica situación".
Las críticas del tribunal
Durante la lectura del veredicto, la jueza María Teresa Barrientos cuestionó el trabajo de la Fiscalía acusando un "actuar poco prolijo y diligente".
Asimismo, se planteó que "la complejidad de la investigación desde el juicio no es la causante de la exorbitante demora de este procedimiento, sino que las actuaciones del propio Ministerio Público".
