Cómo se estrechó el fuerte vínculo entre Kast y Rabat que hoy sostiene al ministro en medio de la crisis

Respaldo presidencial. El Presidente Kast se ha convertido en el principal sostén político del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis por las rebajas de condenas a autores de delitos sexuales contra menores.

• Pese a las presiones de parlamentarios oficialistas para que abandone el gabinete y a la acusación constitucional que presentará la oposición, el Presidente ha insistido en mantenerlo en el cargo, asumiendo los costos que el caso está significando para el gobierno.
• Rabat no conocía personalmente a Kast antes de su llegada al gobierno. Fue en enero cuando el mandatario electo lo contactó, lo invitó a reunirse en un almuerzo dominical en su casa, y le ofreció encabezar el Ministerio de Justicia.
• Entre algunos cercanos del abogado han dicho que desconoce quién propuso su nombre, aunque una fuente del mundo jurídico sostiene que fue Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso y uno de los encargados de conformar el gabinete, quien promovió el nombramiento.
• La designación sorprendió en el oficialismo. Rabat no milita en ningún partido ni había participado activamente en política. Tampoco pertenecía a la generación de Kast ni provenía de la Universidad Católica, donde se formaron varios de los colaboradores históricos del Presidente.

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Perfil. Egresado de Derecho de la Universidad de los Andes, había dedicado su carrera al ejercicio privado de la profesión y a la academia en la Universidad del Desarrollo, donde impartía la cátedra de Derecho Civil. Rabat (53 años) está casado con María Cecilia Claro Montes, vicedecana académica de la Facultad de Comunicación de la U. de los Andes.

• Ingresó en 1993, cuando todavía era un alumno, al estudio Rodríguez, Vergara y Compañía, donde posteriormente se convirtió en socio de dos influyentes abogados: Pablo Rodríguez Grez, fallecido en diciembre de 2025, y Pedro Pablo Vergara, expresidente del Colegio de Abogados.
• Desde esa oficina participó en litigios de alta complejidad, entre ellos el caso Chispas y la defensa de la auditora PwC en las controversias derivadas del caso La Polar. También representó a empresas en disputas comerciales y arbitrajes millonarios.
• El estudio integró además la defensa judicial de Augusto Pinochet. Rabat participó en los equipos que intervinieron en causas como el caso Riggs y la Operación Colombo, y junto a Rodríguez representó a Lucía Hiriart en gestiones judiciales relacionadas con el patrimonio del exdictador.

La confianza presidencial. Fue ya en el gabinete y durante el ejercicio del cargo cuando Rabat comenzó a estrechar su relación con Kast. Cercanos al ministro señalan que se convirtió en un interlocutor habitual del Presidente, con quien mantiene conversaciones directas sobre proyectos y decisiones del gobierno.

• Según fuentes del Ejecutivo, en estos siete meses Rabat ha adquirido una influencia que trasciende las responsabilidades del Ministerio de Justicia. El abogado se ha convertido en una voz escuchada por Kast y presta asesoría jurídica y legislativa a otras carteras, entre ellas Seguridad Pública, Transportes, Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer.
• Integra además el comité de seguridad del gobierno. Su colaboración tampoco se limita a reuniones internas: ha acompañado a otros ministros al Congreso para asesorarlos en materias legales y durante la tramitación de proyectos de ley.
• Fuentes oficialistas sostienen que Kast siempre ha confiado en las capacidades jurídicas de Rabat para impulsar las reformas al sistema judicial, entre ellas los cambios al mecanismo de nombramiento de jueces y las modificaciones al sistema de notarios, en medio de la crisis que ha afectado al Poder Judicial.

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El costo de mantenerlo. Para algunos es esa confianza la que explica, al menos en parte, la decisión presidencial de sostener al ministro pese a las crecientes presiones para removerlo.

• La controversia ha provocado una división en el oficialismo: mientras parlamentarios de Chile Vamos han cuestionado su continuidad e incluso algunos podrían apoyar la acusación constitucional, el Partido Republicano se ha cuadrado públicamente con Rabat.
• En el respaldo republicano se cruza la situación del subsecretario de Justicia, Luis Silva, militante de esa colectividad, quien también firmó al menos diez de los decretos cuestionados. Si cae el ministro la presión se trasladaría al subsecretario.

Filtraciones internas. A las dificultades políticas se ha sumado un nuevo problema para Rabat, que apuntan a los cuestionamientos que habrían surgido desde el interior de su propia cartera. Reportajes publicados por La Segunda y Teletrece dieron cuenta de versiones de funcionarios y asesores del ministerio que aseguran haber advertido en reuniones al ministro sobre los riesgos políticos de aprobar las rebajas de condenas a autores de delitos sexuales contra menores.

• Según esos antecedentes, Rabat habría sido alertado en abril y mayo por sus asesores de las consecuencias que podía generar el cambio de criterio en la firma de decretos respecto a lo que realizaba el gobierno anterior.
• Entonces se rechazaba administrativamente las solicitudes de beneficios y se esperaba a las resoluciones judiciales antes de emitirlos.
• Sin embargo, a partir de mayo el ministro comenzó a firmar los decretos entendiendo, ha dicho, que existían numerosos pronunciamientos previos de la Corte Suprema que lo obligaban a ello.

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