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Las dos versiones de La Moneda sobre el caso Orsini

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Este miércoles, La Tercera publicó un artículo que da cuenta de un contacto telefónico de la diputada Maite Orsini (RD) -realizado el 26 de enero- a la directora del departamento de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza. El llamado, de acuerdo al artículo, fue para colocarla en contacto con el ex futbolista Jorge Valdivia por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra por un procedimiento policial.

La ministra Ana Lya Uriarte fue consultada esta mañana por lo ocurrido. Y respondió: “La opinión que tengo es bien simple: La propia diputada ha decidido cuál va a ser el ámbito en que esa resolución, esa definición se va a tomar y es la justicia. Así que no voy a comentar nada más”.

“Nosotros tenemos un tremendo aprecio por todos los parlamentarios y parlamentarias (que) representan a las personas que votaron por ellos, por tanto todos tienen un origen profundamente democrático, lo cual merece todo nuestro respeto. Y en relación a la situación particular, nosotros le dejamos a la justicia la definición, que la propia diputada decidió que así fuera”, añadió.

Los dichos de Uriarte, que apuntan a ajustarse a los procedimientos judiciales, contrastan con los que emitió anteriormente, cuando Maite Orsini acusó una violencia política hacia ella y pidió que se respetara su vida privada.

Para entonces, la ministra dijo lo siguiente: “Ya pasamos los tiempos de la inquisición po´, está muy antiguo eso. Es una mujer joven, libre, no le está haciendo un perjuicio a la moral pública ni mucho menos. De verdad, suéltenla por favor”.

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La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también había intervenido en el tema. “A días del 8M ataques en redes contra la diputada Maite Orsini y concejera del INDH Coni Valdés nos muestran todo lo que falta para que la participación política sea plena y libre de violencia. Eso requiere que todos los sectores se comprometan a no reproducirla. #SiEsMiProblema”, escribió en la cuenta de Twitter oficial del ministerio.

A esa altura algunos analistas posteaban en redes sociales mensajes en que sugerían que no era conveniente que el Gobierno hiciera propia una agenda que radica en un asunto de carácter privado.

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