Las fallas de diseño de la reforma de Arrau y el fuerte contraste con la estrategia del Plan Quiroz

Fuego amigo. Duró pocos días la confianza ciega del oficialismo de que la tramitación en el Congreso de la mega reforma de seguridad sería un paseo. Y que además devolvería la aprobación a los niveles previos al alza de las bencinas.

• Había razones. El proyecto nació con una enorme aprobación, la oposición tendría muchas dificultades para oponerse a un plan tan popular, y la iniciativa cumplía la principal deuda electoral del presidente Kast, cuyo compromiso con la mano dura nadie discute.
• Pero esa reforma que la gente pedía a gritos empezó a tambalear en una semana. Este jueves no le quedó otra alternativa al ministro Martín Arrau que tirar la toalla y abrirse a negociar cambios drásticos. Con el oficialismo.
• Porque la oposición casi no ha tenido que mover un dedo para fustigar el plan. Ha seguido el consejo atribuido a Napoleón: “No distraigas a tu enemigo cuando está cometiendo errores”.
• En todo caso hay que destacar que la reforma de seguridad tenía un problema estructural. La elaboración de la reforma de Arrau y su equipo llegaron a Seguridad el 19 de mayo desde el MOP, sin trayectoria en la materia comparable a las décadas de Quiroz en economía. El proyecto, bajo presión de La Moneda, salió en menos de tres meses.

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La gran paradoja. Es muy revelador el contraste entre el accidentado arranque de la reforma de seguridad con la del plan económico del ministro Quiroz. Su proyecto era el patito feo: se esperaba que fuera difícil de aprobar (y que había riesgos de que saliera mutilado del Congreso).

• En mayo, Cadem midió que un 51% desaprobaba la reforma; 51% rechazaba la rebaja de impuestos a las empresas. En julio, un 50% seguía en contra y un 56% rechazaba reducir el impuesto de primera categoría. La calle nunca sintonizó con el tema tributario. Pero sí los votos en el Congreso.
• La suerte no tuvo nada que ver en eso. Las diferencias comprueban que la falta de popularidad no es una condena de antemano para tramitar un proyecto en el Congreso.
• Aprobar el plan económico no fue un paseo. Hubo que negociar apoyos mínimos, modificar puntos sensibles y sortear un último tropiezo por falta de votos.
• La idea de legislar pasó en el Senado con los votos justos —26 a favor, 23 en contra— y la oposición recurrió al TC por la invariabilidad tributaria.
• Una diferencia esencial es que el oficialismo votó en bloque, de principio a fin. Cerró filas, sin fracturas visibles y logró mayoría suficiente para ratificar prácticamente todas las modificaciones. Tres meses y medio después de su ingreso, el proyecto salió del Congreso con sus ejes intactos: rebaja del impuesto corporativo, invariabilidad, reintegración.

Larga preparación y sin secretismo. Quiroz venía elaborando el plan con un socio de su consultora desde mucho antes de la elección. Lo sometió al escrutinio de economistas, le hizo ajustes y llegó a Teatinos 120 con el texto bajo el brazo.

• Nunca cultivó el secretismo, dos meses antes de la elección, cuando era jefe del equipo económico de la campaña, anunciaba en público las primeras medidas contra la permisología.
• Semanas antes del anuncio oficial, las principales medidas circularon en la prensa y habían sido conversadas con partidos y parlamentarios de oposición. El oficialismo estaba bien informado desde el día uno y no tuvo nada que reprocharle.
• Durante el trámite, al ministro le gustaba decir que se reunía “prácticamente todos los días” con algún parlamentario opositor.

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Plan contra el tiempo. En cambio, en Seguridad, el oficialismo conoció su contenido por la prensa. Un dirigente aliado se quejó de que no se había cumplido el compromiso de informar los planes antes de que se dieran a conocer. Es difícil exigir compromiso si antes no hay algo de complicidad.

• Lo que vieron los parlamentarios y los partidos no les gustó.
• El borrador tenía 11 cambios a la Constitución y atribuciones presidenciales inéditas: un estado de excepción de 120 días, prorrogable por otros 240, a voluntad del Presidente. Además de facultades para restringir el derecho a locomoción, a reunión, requisar bienes, intervenir teléfonos, entre otras. Todo eso ya no corre.
  No será la última concesión. En Chile Vamos las dudas persisten, sobre todo en la UDI y Evópoli, y los quórums constitucionales exigen votos de una centroizquierda que hoy no existe.

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