Los argumentos del juez Urrutia para dejar en prisión preventiva a Joaquín Lavín León

Lo nuevo. El juez Daniel Urrutia Laubreaux resolvió este viernes —en la quinta jornada de formalización de cargos de corrupción a Joaquín Lavín León (ex UDI)— enviar a prisión preventiva al exdiputado, por considerar que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

• El juez —conocido por sus llamados a “refundar” el Poder Judicial, entre otras polémicas— dio por acreditados los cargos de fraude al fisco de al menos $104 millones entre 2015 y 2026; falsificación y uso malicioso de instrumentos privado mercantil en ese mismo período, y tráfico de influencias, entre 2016 y 2021, que la Fiscalía Metropolitana Oriente imputó al exparlamentario de 46 años. Éste ha rechazado los cargos.
• Estos incluyeron montar un call-center electoral denominado SocialTazk, con fondos del Congreso y presentar rendiciones de gastos parlamentarias falsas para pagar deudas de campaña, entre otros.
• También, en el caso del delito de tráfico de influencias, acreditó la imputación de influir indebidamente en contrataciones y despidos en la Municipalidad de Maipú, entonces encabezada por su esposa Cathy Barriga, que también enfrenta cargos por irregularidades su gestión (2016 y 2021) y que este viernes lo acompañó a la audiencia.
• “De ser cierta la descripción de las conductas de los imputados, estamos frente a una red de corrupción”, dijo Urrutia.
• El juez también dejó en prisión preventiva al exasesor de Lavín, Arnaldo Domínguez.

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Por qué lo dejó en prisión preventiva. “El Ministerio Público ha presentado a estrados, durante el día martes, extensamente, una serie de antecedentes tales como imágenes de mensajería de WhatsApp; correos electrónicos; declaraciones de múltiples testigos y declaraciones también de los propios imputados; informes de análisis policial; informe de la Contraloría General de la República y también informe de la Cámara de Diputados”, dijo el juez en la audiencia, que comenzó a las 12:10 y terminó a las 12:56.

• Justificación. “Estos elementos, todos, dentro del estándar de sede de discusión de medidas cautelares, a juicio de esta sala, justifican la existencia de los delitos”.
• Pena probable. “(Se resolvió dado el) carácter de los hechos atribuidos al imputado Lavín y Domínguez y atendido, además, la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presido mayor en su grado mínimo, esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel, es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas”.
• Peligro para la sociedad. “La libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva”.

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El detalle de sus argumentos. “El imputado Lavín habría utilizado esta herramienta SocialTazk, que desarrollaba y arrendaba con cargo a fondos públicos del Congreso como gasto operacional de su labor parlamentaria, para la obtención y gestión de bases de datos del electorado en general, más allá de su distrito y con fines de campañas políticas”, dijo Urrutia.

• Modo 74. “(Respecto de) la vinculación de Modo 74 (desarrolladora del software) con Joaquín Lavín, la fiscalía logró justificar que el imputado Lavín no era un simple cliente de Modo 74, sino que habría sido el impulsor del proyecto y financista del mismo, a través de los fondos obtenidos a través de las rendiciones ante el Congreso (….). Habría concebido la idea inicial y el método de su financiamiento”.
• Gestor. “Lavín habría sido quien ha impulsado, promovido y comercializado el proyecto, tanto ofreciendo y vendiendo sus servicios a otros parlamentarios y actores políticos, y gestionando el cobro de los montos adeudados por los clientes por él captados”.
• Facturas. “(Lavín concentró) directamente, cerca del 56% de las facturas emitidas por Modo 74, equivalentes a aproximadamente $106 millones de un total de $190 millones. (A esto) se suma que el 44% restante (…) corresponde, mayoritariamente, a facturación dirigida a otros militantes de la UDI, a quienes el propio imputado Lavín ofreció y vendió, directamente, el proyecto, incluyendo, además a su cónyuge, 5% corresponde a $10 millones, y su padre (del mismo nombre), el 2% (…) quienes rindieron dichas facturas como gasto de campaña ante el Servel (Servicio Electoral)”.
• Desvío de funciones. “Habría dispuesto a sus asesores parlamentarios y personal de apoyo financiado por el Congreso Nacional, para realizar trabajos de recopilación, validación, ingreso y gestión de antecedentes, para elaborar, mantener, corroborar y construir la base de datos, con fines electorales” en la aplicación.
• Call center. “Y, más aún, para efectivamente utilizar dicha base de datos para realizar campañas políticas por vía telefónica, generando, en la especie, un verdadero call center electoral”.
• Funcionarios fantasmas. “Los imputados Lavín y Domínguez habrían defraudado al fisco, mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas al Congreso Nacional, por un total de al menos $39 millones, las que fueron validadas y presentadas al Congreso con la firma del imputado Lavín. De ellas, al menos $30 millones corresponden a boletas ideológicamente falsas, por servicios que nunca fueron prestados al Congreso”.
• Red en Maipú. “El imputado Lavín habría ejercido influencia en diversos funcionarios públicos de la Municipalidad de Maipú, para obtener de ellos decisiones favorables. Habría creado una red con funcionarios municipales de su confianza personal, en quienes podría influir directamente, (y) cuya contratación en cargos directivos y críticos para el quehacer municipal, obtuvo un aprovechamiento de su vínculo personal con la alcaldesa, señora Barriga”.
• Esta red, dijo Urrutia, se concretó tras “el despido de más de 479 funcionarios públicos y la contratación de otros tantos en la municipalidad”.