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Senado argentino aprueba ley de emergencia económica

Senado argentino aprueba ley de emergencia económica
AFP
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El gobierno de Fernández debe enfrentar una negociación de la deuda que ronda el 90% del PIB tras perder el financiamiento de los mercados en 2018.

El senado argentino aprobó este sábado una ley de emergencia económica en la primera victoria legislativa del presidente peronista de centroizquierda Alberto Fernández con la que buscará sacar de la crisis al país sudamericano.

La mayoría peronista se impuso con el apoyo de aliados y aprobó la ley la madrugada de este sábado por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un maratónico debate de doce horas en la Cámara Alta.

Se trata de la primera victoria legislativa de Fernández que asumió el pasado 10 de diciembre tras derrotar en primera vuelta al liberal Mauricio Macri.

La ley, punta de lanza del gobierno de Fernández, impone alzas de impuestos a sectores de las clases altas y medias, otorga incentivos fiscales a la producción y beneficios impositivos a las clases más empobrecidas, entre otros puntos.

El gobierno busca con ello frenar la caída de la economía, que atraviesa una recesión con 3,1% de baja del PBI para 2019, una inflación del 55% anual y 40% de la población e la pobreza.

El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el jueves por 134 votos a favor y 110 en contra tras eliminarse un polémico artículo que otorgaba amplias facultades al Poder Ejecutivo para modificar la estructura del Estado.

El gobierno de Fernández debe enfrentar una negociación de la deuda que ronda el 90% del PIB tras perder el financiamiento de los mercados en 2018.

La nueva ley impone un impuesto del 30% sobre las operaciones de compra de moneda extranjera y de adquisición de bienes y servicios en divisas, ya sea en efectivo o por tarjeta de crédito, mientras mantiene el tope de compra de 200 dólares por persona por mes.

También busca urgentemente financiamiento para subsidiar plan para enfrentar el hambre con tarjetas alimentarias gratuitas para más de dos millones de personas, en un país con 44 millones de habitantes y con los peores indicadores económicos y sociales desde la crisis de 2001.

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