Con libertad vigilada intensiva, quedó Pablo Alarcón, el estudiante de sicología de 20 años que empujó a una fiscalizadora del Transantiago la que terminó siendo atropellada por un bus, quedando con serias lesiones.
Esto, luego de someterse a un procedimiento abreviado, que fue aceptado por la víctima, María Angélica Varas de 57 años, y aceptar el pago de $10 millones a la fiscalizadora que continúa con tratamiento médico.
Al respecto, el fiscal del caso, Julio César Ruiz indicó que "el imputado empujó a la víctima sin tener en consideración la existencia del bus y el daño que esto iba a causar, causando un daño más grave que el que se tenía en consideración, en ese marco, de acuerdo a los antecedentes, la declaración del imputado, la declaración de los testigos y los antecedentes periciales, se llegó a la conclusión que estamos frente a este tipo de figura que nos permitía recalificar a un delito de lesiones graves gravísimas más que a un homicidio frustrado".
En tanto, Germán Cueto, abogado defensor del imputado que estuvo 100 días en prisión preventiva, indicó que "aquí se ha llegado a un acuerdo después de unos meses de negociación y Pablo ha renunciado a su derecho a ser juzgado en un juicio oral, pero quiero ser categórico en algo: Pablo nunca quiso matar a esta señora, y quiero también ser muy claro en algo; esta señora fue la que aceptó estas condiciones, nadie se las impuso, de hecho nosotros no hablamos directamente con ella, esto ha sido de lo más transparente que hay por medio del ente persecutor".
Por su parte, el esposo de la víctima, Luis Fernando Rojas, dijo no estar de acuerdo con la medida del tribunal, pero aseguró que fue su esposa la que tomó dicha opción.
