El descargo de agresor sexual beneficiado que dijo que erró al "no pedir carnet" a la menor que vulneró
La controversia por las rebajas de condena a agresores sexuales de menores de edad, autorizadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sigue escalando.
No solo por el impacto político de la decisión, que llevó a la oposición a levantar una acusación constitucional contra el ministro, sino también por las explicaciones que ha debido entregar el Gobierno y el respaldo que el Presidente José Antonio Kast ha mantenido hacia el titular de Justicia, pese a la creciente presión para que Rabat deje el cargo.
A esto se suman las manifestaciones registradas este martes en las afueras del Ministerio de Justicia, donde los asistentes expresaron su rechazo a la continuidad de Rabat en el cargo tras las rebajas de condena concedidas a 27 abusadores sexuales y 29 violadores de menores de edad.
En medio de ese escenario, las declaraciones de uno de los condenados beneficiados con la rebaja de pena volvieron a generar polémica.
El hombre entregó declaraciones exclusivas a Teletrece el viernes pasado y este miércoles, se conoció un nuevo extracto de sus dichos, en los que volvió a referirse a los hechos por los que fue condenado y a responder a los cuestionamientos por su caso.
El viernes pasado, el condenado por abusar sexualmente una menor de 13 años ya había generado cuestionamientos al explicar por qué consideraba parcialmente justa la rebaja de su condena.
“Es 50-50, porque bueno, aparte de no haber perdido yo el carnet… Yo no pedí el carnet, fue una mala mía”, respondió cuando le preguntaron por la medida.
El descargo de agresor sexual beneficiado que desató polémica
Este miércoles se conoció un nuevo extracto de sus declaraciones, en el que volvió a defender su postura frente a los cuestionamientos.
Consultado sobre si consideraba justo recibir el beneficio pese a que los hechos se habían reiterado, respondió:
“Es que usted, cuando está en una relación, ¿usted pide el carnet? ¿o sabe concretamente si es una mayor de edad?”.
En la misma respuesta, valoró el beneficio recibido.
“Que me hayan regalado estos ocho meses para mí, para empezar de nuevo, fue espectacular”.
El fallo que cuestiona la tesis de "jurisprudencia" Rabat
El Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, ha sostenido que la interpretación de fallos anteriores de la Corte Suprema impedía aplicar esa restricción a delitos cometidos antes del 9 de febrero de 2022. Según la cartera, los beneficios se otorgaron tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.
Sin embargo, existe un antecedente judicial previo a la llegada de Rabat al ministerio que es relevante en la discusión. Se trata de un fallo del 24 de febrero de 2026, dictado por la Corte Suprema, que rechazó un recurso de amparo presentado por Floridor Campos Silva, un condenado a quien se le había denegado una solicitud de rebaja de pena.
En esa oportunidad, el máximo tribunal respaldó la postura de Justicia y desestimó el amparo, estableciendo que la rebaja de pena no es un derecho adquirido exigible, sino un beneficio sujeto a condiciones; un criterio que no fue considerado en los seis casos que terminaron torciendo la mano de la actual administración.
77% desaprueba gestión de Rabat por rebaja de condenas a agresores sexuales y 64% rechaza que siga en el cargo
La polémica también golpea al Gobierno en la opinión pública.
Así lo revela la última encuesta Plaza Pública Cadem, que marca un 77% de desaprobación a la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y un 64% de rechazo a la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantenerlo en el cargo.
De acuerdo con las cifras difundidas, solo un 12% aprueba la gestión de Rabat en la luz verde a la rebaja de condenas a 27 abusadores sexuales y 29 violadores.
Según la Cadem, la opinión sobre la permanencia del ministro Rabat en el cargo varía según la tendencia política de los encuestados.
Entre quienes se identifican con la derecha, un 55% está de acuerdo con que Rabat permanezca en el cargo, mientras que un 40% se manifiesta en desacuerdo.
En el segmento identificado con la izquierda, el rechazo a su permanencia alcanza un 89%, según las cifras difundidas.
Por otra parte, un 79% considera que el ministro no estaba obligado a firmar los decretos que concedieron las rebajas de condena, una de las cuestiones centrales de la controversia.
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