El abogado y director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, habló con Deutsche Welle y afirmó que a su parecer no hay presos políticos en Chile en el marco de las detenciones por distintas protestas a lo largo del país.
"No creo que existan en Chile presos políticos", señaló Vivanco y puntualizó que "hay que tener mucho cuidado con los conceptos".
"Presos políticos son esencialmente presos de conciencia, personas que son perseguidas por sus ideas, por sus opiniones, por simplemente tratar de promover una idea diferente de la oficial como ocurre, por ejemplo, en Cuba", explicó.
En ese sentido, Vivanco señaló que "en el caso de Chile efectivamente hay muchas personas que han sido procesadas por los desórdenes que se produjeron y también por vandalismo por atentar contra la propiedad por delitos de incendio".
Con relación a las detenciones ocurridas durante protestas, el abogado aseveró que "es importante que estos casos sean investigados con pleno respeto al debido proceso, pero creo que hay que hacer una diferencia entre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron por parte de los policías y los delitos que también se han cometido por parte de grupos violentos que no han protestado pacíficamente".
"Han utilizado esta situación de reclamo justo, pacífico, de las grandes mayorías en Chile para cometer delitos y esos delitos deben ser investigados con pleno respeto a las garantías procesales", señaló.
"No creo que haya en #Chile presos políticos"
— DW Español (@dw_espanol) December 10, 2020
Afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
"Hay que diferenciar entre las violaciones de los #DerechosHumanos que se cometieron por parte de policías y los delitos por parte de grupos violentos" /cc pic.twitter.com/774QSUXfi9
Este miércoles un grupo de senadoras y senadores de oposición presentado un proyecto de ley que busca indultar a quienes hayan sido detenido en el marco de las manifestaciones que iniciaron en octubre del año pasado.
En el proyecto, que deberá ser revisado por el Congreso, los parlamentarios aseguran que los eventuales hechos delictivitos sucedieron en un "marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos" y que la mayoría de los imputados son "jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos".
