Municipio de Salamanca presenta querella por presuntas irregularidades de administración anterior: ascenderían a más de $1.450 millones
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El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo Álamos, ingresó este martes una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel por una serie de hechos detectados durante la administración municipal anterior, los que podrían haber provocado un perjuicio económico superior a los $1.450 millones.
La acción judicial apunta a la eventual comisión de los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
En la presentación judicial se detallan tres hechos distintos que habrían provocado un perjuicio superior a los $1.453 millones para las finanzas de la comuna.
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Los detalles de la querella del Municipio de Salamanca
El primer punto dice relación con contrataciones a honorarios de personas que no habrían desempeñado funciones efectivas para la Municipalidad de Salamanca. El monto involucrado en ese caso alcanza aproximadamente los $100 millones.
El segundo corresponde a posibles irregularidades en la transferencia de recursos municipales al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), específicamente en proyectos financiados mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). En este caso, la cifra asciende a $163.716.142.
El tercer hecho concentra la mayor parte de los recursos cuestionados. Según la querella, durante 2023 y 2024 no se habrían pagado las cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios del DAEM, pese a que esos montos habrían sido descontados de sus remuneraciones. La deuda denunciada alcanza los $1.190.077.973, de los cuales un 98% se habría generado durante 2024.
Con esta presentación, el municipio busca que el Ministerio Público investigue lo ocurrido, establezca eventuales responsabilidades penales y, si corresponde, presente una acusación para que los responsables reciban las sanciones contempladas en la ley. Además, solicita la restitución total de los recursos públicos que eventualmente hayan sido defraudados, desviados o apropiados, junto con el pago de las multas respectivas.
El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo Álamos, señaló que “cuando existen antecedentes suficientes que hacen necesario esclarecer hechos que podrían haber comprometido el patrimonio municipal, corresponde ponerlos en conocimiento de la justicia. No corresponde mirar hacia otro lado, sino actuar con la responsabilidad, transparencia y apego a la ley que la comuna de Salamanca exige y merece”.
El abogado querellante, Juan Carlos Manríquez, indicó que "los antecedentes reunidos muestran hechos de distinta naturaleza, pero todos con un mismo denominador común: un eventual perjuicio de enorme magnitud para el patrimonio municipal y para cientos de funcionarios cuyos descuentos previsionales no habrían sido enterados".
