Rucos aumentaron un 6% en 2024: Santiago concentra al menos 40 en tres avenidas



De acuerdo a cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) los rucos a abril de 2024 llegaban a 21.272, un 6% más que en 2023 y un 102,4% más que en 2017, cuando el registro era de 10.509.
Las regiones con los números más altos de rucos se encontraban en la Metropolitana (8.780), Valparaíso (2.485) y Biobío (1.774).
Según consignó La Tercera, durante un recorrido por tres avenidas de Santiago se pueden contabilizar más de 40 improvisadas “viviendas” que construyen en la vía pública las personas en situación de calle.

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Residentes de la comuna aseguran que la presencia de rucos ya es un problema en sí, pero que afecta seriamente la seguridad de los espacios públicos.
En noviembre pasado, la Contraloría ofició a los municipios de Santiago, San Joaquín y San Miguel y a varias instituciones como la Delegación Presidencial, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la Subsecretaría de Transportes para que informaran “todas las labores realizadas hasta ese momento en cuanto a limpieza de rucos y enseres (o desechos)”.
En el caso de Santiago, respondieron al ente fiscalizador que “durante el 2024 se registraron un total de 11 procedimientos, de los cuales 10 fueron por comercio informal y uno por retiro de enseres”.
“Desde el año 2022 se registró el retiro de dos carpas y 32 operativos de retiro de enseres; mientras que, durante el año 2023 se tiene registro de retiro de 11 rucos de personas en situación de calle, y dos procedimientos de retiro de enseres (...), lo que genera un total de 40 metros cúbicos de estos objetos”, indicaron.
Desde San Miguel, habían detallado que entre enero y octubre de 2024, se efectuaron más de 34 operativos, retirando 46 carpas en Av. Santa Rosa. Además, en la misma avenida se retiraron 10 rucos.
Desde San Joaquín, informaron en ese momento que el municipio tenía bajo control las avenidas requeridas por la Contraloría, todo esto “gracias a un plan de mantenimiento del corredor de transporte público que ha permitido controlar factores de riesgo y reducir incivilidades, incluyendo la proliferación de rucos”.

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“En el sector oriente de Av. Santa Rosa, dentro de la comuna, no hay ocupaciones ilegales de paraderos ni infraestructura de transporte público”, mencionaron, pero precisaron que en el sector poniente de la comuna, en el lado de San Miguel sí había presencia de ellos.
Esta situación se ha mantenida en las comunas requeridas por Contraloría. Desde Santiago comentan que, entre las medidas tomadas, “se riega en zonas verdes en la mañana temprano y en las noches, tratando de mantener húmedo para que las personas en situación de calle no se instalen”.
También destacan que recientemente se “intervino completa la zona del Puente de los Carros (frente al mercado Tirso de Molina); ahí se retiraron todos los rucos, y se envió la basura y escombros al vertedero”.
En tanto, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, sostiene que el problema de los rucos es un desafío que escapa a la capacidad y recursos de las municipalidades, y detalla que desde que asumió la nueva administración han logrado despejar 210 asentamientos, recuperando 1.076,5 m² de espacio público.
Junto con esto, señaló que “hay 52 retiros programados para febrero”, pero recalca que “retirar rucos es solo una medida inicial. El verdadero objetivo es consolidar la recuperación del espacio público con una estrategia integral”.

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Desde la Municipalidad de San Joaquín, el alcalde Cristóbal Labra busca “Sembrar el Buen Vivir, una tarea enorme que requiere el apoyo permanente de la comunidad, la decisión de establecer normas y procesos educativos que nos permitan combatir las incivilidades que nos afectan, como el narcotráfico, la toma de las plazas públicas por antisociales, la música a un nivel estridente afectando a los vecinos, el botar reiteradamente basura en las calles, etc.”.
En cuanto a la instalación de rucos, plantearon que “la solución de este problema debe implicar un trabajo conjunto entre las autoridades locales, el gobierno central, invitar a las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales de la salud y la comunidad en general para generar respuestas adecuadas, respetuosas y sostenibles”.