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Abogado de Piñera apunta a "premisas derechamente equivocadas" en acusación constitucional

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De ser aprobada la acusación, el Presidente Sebastián Piñera será destituido a meses de dejar el Palacio de La Moneda además de quedar inhabilitado de ejercer cargos públicos.

Este martes se vota la eventual destitución del Presidente Sebastián PIñera. La sesión comenzó con la exposición de los diputados Gael Yeomans (Convergencia Social), Gabriel Silber (Democracia Cristiana) y Leonardo Soto (Partido Socialista), quienes presentaron la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera a los senadores. 

Tras la exposición de los congresistas, fue el turno del abogado defensor del Mandatario, Jorge Gálvez, quien apuntó que las premisas presentadas por los diputados no eran correctas. 

Al comenzar, Gálvez señaló que "toda la afirmación fáctica parte de una serie de premisas que están derechamente equivocadas (...) No cabe sino advertir que hay un intento de distorsionar hechos fundamentales".

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"Se ha sostenido que ha sido la familia del Presidente Piñera la que ha vendido el proyecto Dominga. El proyecto Dominga corresponde originalmente a un esfuerzo de un grupo de empresarios del ámbito de la minería que adquieren los activos de una empresa australiana (...) que quiebra en 2008 y se reúnen junto a la empresa Larraín Vial para generar una empresa que se llama Minería Activa Uno Spa", afirmó el abogado defensor.

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En ese sentido, el defensor aseveró que "en la estructuración de ese negocio se hace en términos en que se invita a realizar una inversión en términos pasivos. En términos que hay 30 inversionistas pasivos, entre ellos, la familia del Presidente de la República a través de quien administra su patrimonio".

Sobre la familia Piñera Morel, Gálvez señaló que "ellos concurren a la realización de un negocio en el cual no tienen intervención en términos ni de controlarla. Acá se ha manifestado un hecho falso, que la familia del Presidente de la República era el controlador de la empresa dueña del proyecto, cosa que no es efectiva". 

El libelo requiere del respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio, es decir, 29 votos a favor. De lograrse ese piso, el Presidente será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos

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