En la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, ya comenzaron los preparativos para el desalojo y posterior demolición de la toma Calicheros, un terreno cuya historia se remonta al asesinato por encargo de su propietario, Alejandro Correa, ocurrido en mayo de 2020.
El crimen, ejecutado por un sicario colombiano condenado a 20 años de cárcel- marcó un antes y un después en materia de delitos de este tipo en el país.
A raíz de lo anterior y tras 5 años del asesinato, las autoridades locales indicaron que este lunes se notificará a las familias que aún permanecen en el sector para que abandonen el lugar, advirtiendo que quienes se nieguen podrían ser detenidos.
Incluso la propia alcaldesa de la comuna, Carolina Corti, aseguró que para este próximo martes está programado el inicio de los trabajos de demolición, que se extenderán por una semana con apoyo de contingente policial.
Recordemos que se trata de una toma que se levantó semanas antes del asesinato de Correa, quien denunció que desconocidos ingresaron a su terreno con maquinaria pesada, abrieron caminos interiores y comenzaron a delimitar lotes.
Uno de los involucrados en esas acciones fue identificado como Luis Alarcón, profesor de Historia y vocero del campamento, que años más tarde fue condenado a 541 días de presidio menor por loteo ilegal, pena que cumplirá en libertad.
Pese a que fue mencionado como sujeto de interés en la investigación por el homicidio, nunca se hallaron pruebas que lo vincularan directamente con el crimen.
Medidas y preocupaciones ante toma de Quilpué
El municipio informó además que pondrá a disposición un albergue para las familias desde el lunes y coordinará operativos para el rescate de animales domésticos y de granja.
Hasta ahora, más de 38 familias han sido inscritas en catastros municipales y se han contabilizado cerca de 140 viviendas aún en pie.
Desde la comunidad de la toma, se acusó que no han recibido información suficiente sobre los estándares del proceso y presentaron un reclamo ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Además, la empresa Río Grande será la encargada de ejecutar la demolición tras adjudicarse la licitación. Se trata de un procedimiento que, de acuerdo a las autoridades, busca restablecer la legalidad urbanística tras años de litigio judicial.
El desalojo se concretará tras múltiples recursos judiciales. En agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Ministerio de Vivienda ejecutar la medida, pero la resolución recién comenzó a cumplirse más de un año después.
Por otra parte, y según cifras entregadas por la familia Correa, en Quilpué las ocupaciones irregulares aumentaron más de un 100% desde 2019, fenómeno que se replicó en otras zonas del país. En la toma Calicheros se levantaron viviendas de gran tamaño, algunas con terrenos de hasta 1.500 metros cuadrados.
La demora en la ejecución del fallo generó críticas de la propia alcaldesa de Quilpué y de los abogados de la familia, quienes solicitaron en varias ocasiones reuniones con Contraloría y con el Ministerio de Vivienda para agilizar el proceso.
Incluso se pidió al Fiscal Nacional designar un persecutor exclusivo para coordinar eventuales detenciones en caso de resistencia al desalojo.
