El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la propuesta de un grupo de senadores de distintos sectores políticos que busca sancionar a quienes difundan investigaciones penales, y aseguró que el Gobierno de Gabriel Boric “no va a promover ninguna iniciativa que implique atentar contra la libertad de expresión".
En conversación con Tele13 Radio, Elizalde interpretó la propuesta de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), pero marcó cierta distancia.
“Aquí hay un principio que es necesario siempre promover que es la libertad de expresión: la libertad de expresión es esencial a la democracia”, recalcó.
“Ahora, respecto de lo que ocurre antes de la información que llegue a los medios, que son las filtraciones que se producen, ahí nosotros hemos sido bien claros respecto a que lo que debiera hacerse público por parte del Ministerio Público es aquella información a la cual se accede que es relevante penalmente”, explicó.
“Porque cuando hay técnicas intrusivas para investigar un delito, usted se mete en la vida privada de una persona. No toda la información a la que se accede es información relevante penalmente, sólo la información relevante penalmente y de interés público debiera hacerse pública, toda la otra información no debería hacerse pública”, agregó.
“La finalidad por la cual se llevó adelante una técnica intrusiva, o por la cual se llevó adelante una investigación, no era para saber lo que hacía una persona en su vida privada, era para saber si cometió o no cometió delito”, complementó.
“Significaría un atentado contra la libertad de expresión”, dice Elizalde
La moción busca modificar una serie de normas con el objetivo de —según plantean los senadores— tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes que provengan de una investigación penal reservada.
El ministro Elizalde se mostró de acuerdo con sancionar a quienes filtren información privada, aunque planteó que la norma no podría ser la misma para los trabajadores de los medios de comunicación.
“Respecto a los medios de comunicación, creemos que no puede tener el mismo tratamiento respecto de quienes tienen acceso a esta información en virtud de sus distintas responsabilidades, o sea, el Ministerio Público, los jueces, los abogados intervinientes y, por tanto, hay que siempre respetar y consagrar el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el rol que realizan los medios de comunicación”, explicó.
“Cuestión distinta, es un llamado a que los medios se autorregulen y, obviamente, cuando accedan información que es relevante desde el punto de vista público, que no es de interés público, vean qué es lo que publican o no. Pero bajo ninguna circunstancia uno puede pretender intervenir en lo que publican los medios, porque eso significaría un atentado contra la libertad de expresión, por lo tanto, un atentado contra las bases sobre la cual se construye toda democracia en forma”, agregó.
“Nosotros tenemos que tener una buena democracia y una buena democracia es donde los medios ejercen su rol en el marco de la libertad de expresión. El gobierno no va a promover ninguna iniciativa que implique atentar contra la libertad de expresión”, cerró.
