Este martes el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, declaró ante la fiscalía como imputado por presunto fraude al fisco, luego de que la Contraloría advirtiera un eventual mal uso de recursos públicos en la contratación de asesorías de coaching.
Además de enfrentarse a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, el gobernador ha sido el foco de cuestionamiento de consejeros regionales de la oposición, quienes han anunciado que acudirán al Tribunal Electoral para que se pronuncie por el actuar de Orrego.
Una de las acusaciones tiene relación con la contratación de una empresa con la que la jefa de la División de Presupuesto e Inversión del GORE tenía un vínculo. Orrego le solicitó la renuncia luego de que el consejero Álvaro Bellolio (UDI) informara el caso públicamente.
"Hecha las averiguaciones, si bien no había una conexión laboral vigente, sí había habido en el pasado y este elemento fue omitido a la autoridad, nunca se nos dijo, razón por la cual yo le pedí la renuncia el día domingo", explicó Orrego.
Orrego reitera inocencia y colaboración con el Ministerio Público
Posterior a su declaración ante la fiscal Constanza Encina, el gobernador reiteró que su "voluntad es colaborar y con absoluta disposición, tanto con la Contraloría General de la República como con el Ministerio Público para esclarecer todo lo relativo al informe de la primera. Por eso hoy he venido voluntariamente a declarar ante la fiscal que lleva el caso y a entregarle un conjunto de antecedentes que esperamos pueda demostrar a la brevedad que siempre hemos actuado correctamente y con apego a derecho".
Aprovechó la instancia, además, para denunciar "la actitud de aprovechamiento político de los consejeros regionales de José Antonio Kast, que insisten en pedir mi destitución cuando hay una investigación en curso y no hay ninguna acusación en mi contra".
Respuesta de los consejeros regionales
Desde el Partido Republicano, el consejero Ignacio Dülger respondió que "le guste o no al gobernador Claudio Orrego el informe de la Contraloría es claro. Los consejeros republicanos no tendremos complejo alguno en cumplir nuestro deber fiscalizador y solicitar al Tricel su destitución por graves faltas a la probidad".
Desde la UDI, en tanto, Bellolio planteó que le resuena cómo "los abogados del gobernador Orrego, que son los favoritos del Frente Amplio, han coordinado rápidamente con la Fiscalía. Cuándo declarar, en qué fecha entregar los distintos aparatos electrónicos. El mismo gobernador dijo que había hablado directamente con el fiscal a cargo".
Bellolio, además, recordó que parte del equipo directivo también fue incautado y tienen "que ver cómo se va a resolver ese tema (...), porque recordar que la responsabilidad administrativa y política cae al gobernador, no necesariamente a sus directivos".
