Casa de Allende: abogada que entregó decreto a Boric dice que sabía que la compra podía ser inconstitucional
Por qué importa. El testimonio que la abogada Francisca Moya —jefa de la división jurídico-legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)—, entregó este lunes a la Comisión Investigadora de la Cámara por la fallida compra de la casa en Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, aportó un nuevo antecedente a la trama de un caso que, desde que estalló en enero, ha costado el cargo a dos ministras y una senadora.
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- Moya sostuvo que ella y su equipo sabían que el decreto 38 que el Presidente Gabriel Boric firmó el 28 de noviembre de 2024 para la compraventa podía ser inconstitucional, pero evitó responder si abordó este punto con el mandatario cuando le entregó el decreto para su firma.
- Se trata de un tema sensible, el cual fue abordado durante la reunión para contener la crisis que el Presidente Boric mantuvo por la mañana en La Moneda con la directiva del Partido Socialista (PS), que pidió hacer valer las responsabilidades administrativas —a través de sumarios que aún no se han instruido— y políticas de los funcionarios involucrados en la operación, dijeron conocedores del encuentro.
- El Presidente ha reconocido que él impulsó las compras tanto de la casa del expresidente Allende como la del expresidente Patricio Aylwin para convertirlas en museos, pero se mantiene la incertidumbre sobre si el mandatario —que estudió derecho— sabía del vicio de constitucionalidad que implicaba la adquisición.
- El PS hizo la petición de asumir responsabilidades luego de que el Tribunal Constitucional resolviera el jueves cesar en el cargo a la senadora PS Isabel Allende, tras requerimientos presentados por Chile Vamos y Republicanos.
- La inconstitucionalidad de la compraventa provenía de que entre las propietarias de la casa estaban la entonces ministra de Defensa Maya Fernández y la senadora Allende —nieta e hija del expresidente muerto para el Golpe de 1973— y que los artículos 37 bis y 60 de la Carta Fundamental prohíben explícitamente que ministros y parlamentarios celebren contratos con el estado.
- Previo a la caída de Allende y Fernández, presentó su renuncia la entonces ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (FA), en enero.
Qué dijo Moya a la comisión. La abogada Moya, tras una pregunta de la diputada Paula Labra (Ind-RN) sobre los artículos 37 bis y 60 de la Constitución, respondió que “yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, ambas normas, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso”, dijo, que era el control de legalidad, no de constitucionalidad.
- “Nosotros realizamos, como decía el ministro (Álvaro) Elizalde (que expuso antes en la comisión), sólo aquellas labores que nos corresponden en este caso en particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular”.
- Frente a esa respuesta, el diputado RN Andrés Longton, presidente de la comisión, contra preguntó: “¿Usted conocía de la inhabilidad de la ministra y la senadora?”.
- “Efectivamente”, dijo Moya.
- “¿Pero no se lo advirtió al Presidente ni al ministro?” insistió Longton.
- “Como yo le señalé anteriormente presidente y también a la diputada Labra, por su intermedio, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que para el caso que nos reúne hoy, es el decreto 38″.
Qué declaró penalmente. Moya había declarado como testigo en la causa penal, el pasado 20 de enero, sin revelar el antecedente que entregó este lunes. En su testimonio contó que en marzo de 2022 interrumpió un doctorado que cursaba en Glasgow para ir a trabajar con el entonces ministro de la Segrpres, Giorgio Jackson.
- “Para la adquisición de los inmuebles de los presidentes Aylwin y Allende, solamente me tocó participar en la revisión de los decretos supremos, pero ni yo ni mi equipo fuimos partícipes de los actos precedentes que se desarrollaron ni de los actos posteriores al decreto”, dijo al fiscal Eduardo Yáñez.
- “No recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de la firma”.
- “Desconozco quien debió haber considerado las prohibiciones que establecía la constitución, pues desconozco quienes son las personas a quienes se les encargó planificar, analizar y materializar esta tarea”.
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