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"Dicen que viene la ministra": Fiscalía revela chatas de bolivianos detenidos tras intentar tapar zanja en Colchane

Cedida -Fiscalía revela que bolivianos detenidos por tapar zanja "manejaban información" que ni el juez conocía
Daniela Lobos
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Durante la audiencia de formalización el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, leyó una serie de mensajes hallados en el teléfono de uno de los imputados, Carlos Lira Colque.
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Nuevos antecedentes se conocieron en la investigación contra dos ciudadanos bolivianos detenidos en Colchane, quienes fueron sorprendidos tapando una zanja construida como parte del plan de resguardo fronterizo en el norte del país.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, durante la audiencia de formalización el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, leyó una serie de mensajes hallados en el teléfono de uno de los imputados, Carlos Lira Colque.

En uno de ellos, enviado el pasado 12 de abril, se señala: “Ya la estoy llevando ya, para cruzarla más tarde. Y hay que llenar los huecos. Dicen que van a haber operativos y que la ministra (de Seguridad) va a venir más tarde”.

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Según expuso el Ministerio Público, Carlos Lira, junto a Justiniano Canchi Gutiérrez, fue detenido mientras trasladaba una retroexcavadora hacia la frontera con Bolivia, con el objetivo de sacarla del país por un paso no habilitado. Ambos enfrentan cargos por contrabando y daños.

El procedimiento se produjo luego de que Carabineros los sorprendiera en la zona limítrofe, específicamente en el sector de Pampa Toldo, donde realizaban maniobras para cubrir parte de la zanja levantada por el Gobierno en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo para la Macrozona Norte. Al momento de ser fiscalizados, intentaron huir.

Fiscalía revela que bolivianos detenidos "manejaban información" que ni el juez conocía

El fiscal Torres planteó que existiría coordinación con terceros, posiblemente desde Bolivia, lo que abre la hipótesis de una red dedicada al contrabando.

“Esta causa no termina acá, tenemos que investigar una eventual asociación delictiva para el contrabando porque manejan información que ni usted (el juez) ni yo sabíamos”, sostuvo, aludiendo al conocimiento previo que tenían los imputados sobre eventuales operativos y la visita de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Parte de estos antecedentes surgieron tras el análisis del teléfono de Lira, donde se detectaron comunicaciones con contactos identificados como “Chupete” y “Sapito”. A uno de ellos incluso le envió un video para informar que avanzaban con la maquinaria, una retroexcavadora marca Massey Ferguson, modelo MF750, del año 1996.

Respecto del origen de la retroexcavadora, el persecutor indicó que no mantiene encargo por robo, y que su anterior propietario reconoció haberla vendido. En su declaración, Lira explicó que su intención era trasladarla hasta Bolivia, pero que optó por hacerlo de forma ilegal debido a los costos asociados.

“La adquirí a un conocido con la finalidad de trasladarla a la ciudad de Tarija, en el Estado Plurinacional de Bolivia, lugar donde tengo mi residencia habitual. Consulté a los distintos usuarios de Zofri respecto de los costos de importación y me indicaron que ascendía a 35 mil o 38 mil bolivianos, además de un costo adicional de flete hacia la Aduana de aproximadamente US$1.000. Debido al alto monto, decidí trasladar la maquinaria de manera ilegal a través de un paso no habilitado”, declaró.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los imputados actuaron de manera coordinada, manteniendo contacto permanente con terceros mediante aplicaciones de mensajería. 

En cuanto a los montos involucrados, el Ministerio Público estimó que el valor aduanero de la retroexcavadora asciende a US$14.948, equivalentes a $13.900.145. A ello se suman los daños ocasionados a la infraestructura pública, que ascienden a la suma de $6.744.840. 

El defensor propuso una caución total de $3.500.000 para evitar la prisión preventiva de sus representados, lo que fue descartado por el tribunal.

Finalmente, el juez determinó que ambos imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando su prisión preventiva y fijando un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

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