Exclusivo | Las tres advertencias que recibió Rabat sobre los “costos” de beneficiar a abusadores sexuales
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, está sometido bajo una intensa presión para dejar su cargo. A pesar de ello, el Presidente Kast-hasta ahora-optó por mantenerlo como jefe de la cartera.
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“La exposición fue muy completa. Estaban abordados la gran mayoría de los temas que quiere desarrollar con posterioridad el Presidente Electo”.
De esta manera, el 2 de febrero del 2026, el hoy ministro de Justicia, Fernando Rabat, salía de la reunión que había sostenido con el extitular de la cartera, Jaime Gajardo. Era el traspaso de mando de cada ministerio a poco más de un mes que el gobierno entrante llegara a La Moneda.
La reunión fue cordial y administrativa, donde uno de los temas fue el que hoy tiene sumido al gobierno de José Antonio Kast en una profunda crisis política: las rebajas de condenas.
El ministro Gajardo le planteó a Rabat que habían muchos requerimientos en esta materia y que en casos de delitos sexuales, su criterio era rechazarlo, en casos de abusos a menores de edad. Si los acusados se iban de amparo y la Corte los acogía, se tenía que hacer. Pero, expuso sobre la existencia de un criterio para rechazarlos.
“Al revisar la sentencia se deberá tener especial consideración de los hechos que motivaron la acusación, la audiencia de determinación de penas y de la condena, con la finalidad de analizar la edad de la víctima”, dice uno de los documentos que estuvieron sobre la mesa ese día de febrero. Fue la primera alarma técnica y Rabat se mostró receptivo y sin aprehensiones legales.
Los “no” de Rabat
Ya con Rabat en el Ministerio de Justicia había que empezar a tomar decisiones y, la primera, fue remover de sus funciones a la jefe del Departamento de Reinserción Social Adultos, Marcela Corvalán. Esa decisión no pasó inadvertida en Morandé 107, pues se trataba de una funcionaria con experiencia, tanto así que los exministros de la cartera Jaime Gajardo y Hernán Larraín le hicieron ver a Rabat que era un error.
Finalmente, Corvalán pasó a cumplir funciones en Gendarmería, pero las grietas internas comenzaban a asomar, y empezaría el desfonde interno.
El 26 de marzo, luego de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, Rabat empezó a convencerse que era necesario hacerse cargo de un problema compleja: entre el 2022 y el 2026 se interpusieron 295 acciones de amparo por parte de condenados por delitos sexuales que buscaban optar al beneficio de rebaja de condena. El 92,5% eran acogidas y la Justicia tenía que firmar los decretos por orden judicial.
El ministro pidió a sus equipos buscar una salida y, a pesar incluso de rechazar un recurso de una persona que abusó de un adulto con problemas de invalidez, quería cambiar su criterio.
Por lo mismo, en abril, convocó a una reunión con su equipo y asesores técnicos.
Allí hubo documentos sobre la mesa -a los que accedió Reportajes Teletrece- donde se habló de las potestades regladas para otorgar estos beneficios, qué hacer en casos de condenados por causas de derechos humanos y el ya comentado “rige in actum” como ley administrativa que permite desestimar estos beneficios. También se miraron las cifras sobre la denominada “jurisprudencia mayoritaria” que defiende hasta hoy Rabat.
Quienes supieron de esa reunión comentaron que Rabat sobrepuso lo “jurídico sobre lo político” e incluso que se le expuso que debía ser la Corte la que le dijera qué tenía que acoger los recursos y no hacerlo él de mutuo propio. Era la primera alerta política.
Pero según pudo conocer Reportajes Teletrece también se le habló de “ponderar el aumento de los recursos versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales”.
Había más. Rabat fue advertido de que era mejor fijar un criterio y así fundar los rechazos del beneficio, pero también hubo otra cosa que desoyó: "había que ponderar judicialización versus el costo de conceder beneficios en casos graves o de alta connotación”. Fue el tercer y último no.
Era abril y esa advertencia de tipo política ya había sido notificada.
Reportajes Teletrece confirmó que esas alarmas políticas no fueron reportadas por Rabat al Presidente Kast. Esto coincide con lo que dijo el ministro el 22 de octubre en Mega: “El Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”.
Una carga para el gobierno
En La Moneda existe desorientación sobre la situación del ministro Rabat, pues hay quienes explican que está transformando “una falta de muñeca política de él” en una carga para el gobierno.
Y eso también fue advertido, pero en mayo, es decir, a cinco meses de que Interferencia revelara el escándalo. Reportajes Teletrece logró reconstruir esa última advertencia donde se le dijo, por parte de un funcionario, que no había que entrar en ese problema de conceder los beneficios. El “no” de Rabat volvió otra vez invocando la Constitución, aún cuando la alerta era -por segunda vez- de tipo política y no jurídica. Es más su miedo, paradójicamente, era ser acusado constitucionalmente.
El “costo” que se le hizo ver a Rabat lo podría asumir en una futura acusación constitucional, la cual también atraerá un costo monetario: en La Moneda ya es un problema el hecho de que habrá que desembolsar cerca de $17 millones para costear un abogado para su defensa en el Congreso.
