Detenido por drogas y violencia intrafamiliar: Quién es el acusado de tráfico de fentanilo que recibía pensión de gracia
Tener una condena no fue impedimento para, durante meses, recibir una pensión de gracia, una que se le otorgó tras el estallido social. La cobró durante años, recibió millones y hoy, hace noticia tras ser detenido por tráfico de fentanilo: Es la historia de Benjamín Huerta Escobar.
El joven de 29 años fue formalizado luego de que las autoridades encontraran dosis de esta droga en una vivienda asociada a él. Tras la audiencia, quedó en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
Sin embargo, además de esta detención, hay otro elemento que levanta el interés en el caso: Huerta corresponde a uno de los beneficiarios de las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas durante el estallido social.
De víctima del estallido social a imputado por tráfico de fentanilo
Huerta Escobar recibió un disparo de un funcionario de Carabineros el 18 de octubre de 2019. El caso derivó en una condena superior a siete años de cárcel para el exuniformado involucrado.
A raíz de esos hechos, el Estado le otorgó una pensión de gracia que comenzó recibiendo con un monto equivalente a 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales. Posteriormente, en octubre de 2022, el beneficio fue aumentado a 1,5 ingresos mínimos, llegando a percibir más de $520 mil mensuales.
Una larga lista de antecedentes judiciales
La investigación por tráfico de fentanilo no constituye el primer antecedente penal de Huerta.
En 2024 fue detenido tras permanecer prófugo por una causa relacionada con conducción sin licencia y bajo la influencia de cocaína, THC y anfetaminas. En esa oportunidad fue condenado y obtuvo el beneficio de remisión condicional de la pena.
Ese mismo año también enfrentó investigaciones por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.
Ocho meses recibiendo la pensión de gracia pese a una condena
Huerta continuó percibiendo la pensión de gracia durante varios meses pese a registrar una condena y causas judiciales vigentes.
De acuerdo con el documento de revocación al que accedió T13, la suspensión del beneficio recién fue aprobada en marzo de este año. Esto implica que habría seguido recibiendo los pagos durante cerca de ocho meses después de su condena y mientras mantenía investigaciones abiertas.
