A través de una querella de ocho páginas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) marcó un importante hito en una de las causas emblemas del caso Fundaciones: una acción judicial en contra del director de ProCultura, Alberto Larraín; y su representante legal, Constanza Gómez.
El organismo estatal imputa a Larraín y Gómez delitos de apropiación indebida, a pesar de dejar la puerta abierta para incluir otros delitos.
En la querella, a la que accedió Reportajes Teletrece, se señala que “los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, representantes legales de la Fundación Procultura, recibieron en administración dineros de origen fiscal para el desarrollo del proyecto “Quédate”, los cuales, sin embargo, fueron desviados de su finalidad. Esta conducta impidió la correcta ejecución del proyecto y, una vez finalizado el convenio, generó el incumplimiento de la obligación de restitución del dinero, provocando un perjuicio patrimonial al Estado de Chile ascendente a $1.015.283.548”.
En el texto se detalla que el convenio firmado con la Gobernación Metropolitana, liderada por Claudio Orrego, se formalizó a través de la Resolución N° 70, de fecha 26 de septiembre de 2022, en la cual, y mediante asignación directa, se le entregó a la Fundación Procultura, el monto de $1.683.788.000 para desarrollar un proyecto para la prevención del suicidio.
Para el CDE “la suma de dinero recientemente señalada tenía un destino y uso exclusivo, el cual consistía en solventar gastos para el desarrollo del proyecto (…). lo que involucraba a su vez el pago a las demás fundaciones intervinientes para sus actividades relacionadas al proyecto (…) Sin embargo, el mismo día en que el Gobierno Regional Metropolitano transfirió la cantidad de $1.683.788.000 a la cuenta corriente de Fundación Procultura, esto es, el 9 de noviembre de 2022, la fundación, bajo la dirección de los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, comenzó a darle un uso distinto del previsto por parte de los querellados al dinero, que podía utilizarse exclusivamente en la ejecución del proyecto”.
Cabe recordar que el CDE no se querelló contra el actual Gobernador Claudio Orrego en este caso, centrando su acción en los máximos responsables de la fundación Procultura.
