"Claramente, hasta ahora, es el peor". Con estas palabras la Presidenta Michelle Bachelet reconocía en Publimetro que el 2015 había sido su año más malo en lo que va de sus dos Gobiernos.
El Caso Caval, que vinculó a su hijo y a su nuera en una investigación sobre presunto tráfico de influencias y negociación incompatible; la salida del Gobierno de su mano derecha, Rodrigo Peñailillo, tras el Caso SQM; y la compleja tramitación de la gratuidad universitaria son parte de los hitos que marcaron el año más complejo para la Presidenta.
El polémico Caso Caval
Enero había sido un mes de triunfos políticos para Michelle Bachelet. Luego de intensas semanas en el Congreso, el Gobierno había logrado aprobar la reforma al sistema binominal, la ley de inclusión y el Acuerdo de Unión Civil.
Sin embargo, los logros de La Moneda pasaron rápidamente a segundo plano luego que Revista Qué Pasa publicara un reportaje que revelaba que la sociedad Caval Limitada, controlada en un 50% por Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Bachelet, había recibido un crédito por $6.500 millones para comprar tres terrenos en Machalí, con la esperanza de que éstos se valorizaran a partir de un cambio en el plano regulador que se discutía en la zona.
La publicación fue sólo el inicio de una crisis, a la que luego se sumó el antecedente de que el entonces director sociocultural de la Moneda e hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, había participado de una reunión clave que había sostenido Compagnon con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para conseguir el préstamo.
El estallido del Caso Caval pilló a Bachelet de vacaciones en Caburgua. La crisis debió ser administrada por su entonces ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, quien ordenó a Dávalos publicar su declaración de patrimonio e intereses. El Gobierno, además, tomó distancia del primogénito, asegurando que se trataba de un tema que tenía que resolver él.
La presión a que Dávalos diera un paso al costado se intensificó con el paso de los días. Finalmente, el hijo de la Presidenta renunció a su cargo el 13 de febrero, asegurando que “no he cometido ilícito alguno ni delito funcionario, como se me ha criticado”.
Bachelet, al regresar de sus vacaciones emitió su primera declaración en torno al caso: "Para mí, como madre y Presidenta, han sido momentos difíciles y dolorosos, pero también quiero enfrentarlos con claridad".
La renuncia de Dávalos, sin embargo, estuvo por lejos de opacar el caso. Con el paso de los meses el Gobierno debió responder una y otra vez por los distintos antecedentes que fueron surgiendo en torno a la polémica compra y venta de los terrenos de Machalí.
Uno de los antecedentes más polémicos de la causa estalló luego que se conociera un informe del OS-9 de Carabineros que determinó que al computador que utilizó Sebastián Dávalos en La Moneda se le había borrado información. La primera reacción del Gobierno fue señalar que el equipo se había formateado de acuerdo a un “protocolo”. Sin embargo, se trataba de información errada, la que –según La Moneda- fue proporcionada por el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme. Esto ya que había sido el propio Dávalos quien había pedido que se borraran los archivos.
Por otro lado, el caso puso en evidencia la rivalidad entre Dávalos y Peñailillo, quien hasta entonces era considerado como el hijo político de Bachelet. Uno de los últimos episodios en torno a esta tensión se conoció en diciembre, luego que T13 tuviera acceso a la tercera declaración del ex director sociocultural ante la Fiscalía.
En el interrogatorio, Dávalos aseguró que pidió que borraran el equipo por “temor” a que Peñailillo y su sector –La G90- “manipularan” información en su contra.
Por otro lado, el hijo de la Presidenta dijo que “la información del negocio de Caval fue conservada y utilizada por parte del G90 o un sector del PPD para utilizar este caso y su cobertura mediática para bajar el perfil al caso Soquimich, que los involucraba, y terminar de desplazarme en mis funciones e intervención el Gobierno”.
La caída del “hijo político”
Como un balde de agua fría cayó en el Gobierno la publicación de The Clinic que reveló que a inicios de 2012 Peñaillo había emitido cuatro boletas por un total de 16 millones a la empresa Asesorías y Negocios SpA, de propiedad del geógrafo Georgio Martelli que, a su vez, había recibido millonarios pagos por parte de SQM Salar.
Ante la publicación Peñailillo reconoció que "presté esos servicios por cuatro meses hace tres años (...) yo venía llegando de España y presté los servicios a Martelli (...) fueron en el ámbito que me he desarrollado siempre”. Según su versión, había realizado informes de análisis político.
Sin embargo, no era el único: días después se conoció que un grupo de cercanos al ministro y a la fecha funcionarios del Gobierno también habían emitido boletas a la firma de Martelli. Entre ellos el jefe de asesores de su gabinete, Robinson Pérez, y Héctor Cucumides, coordinador de las actividades públicas del titular de Interior. A ellos se sumaba Harold Correa, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del ministro de Eduación, Nicolás Eyzaguirre.
La vinculación de todos estos personeros instaló las dudas sobre un presunto financiamiento irregular de la precampaña presidencial. Ante ello, Peñailillo señaló una y otra vez que "la campaña de la Presidenta Bachelet es apegada en un 100% a la legislación".
En medio de la polémica, el entonces ministro dio a conocer los documentos que había elaborado la Asesorías y Negocios: “Crisis Económica Internacional: consecuencias y medidas de la Unión Europea”,“Flexibilidad Laboral en la Unión Europea” y “Las Políticas ante la Crisis en el Reino Unido”, eran los títulos de los cuatro documentos a los que accedió La Tercera.
Lejos de apaciguar la polémica, las críticas se intensificaron luego que El Mostrador revelara las similitudes entre uno de los documentos y una tesis de pregrado de un alumno de Administración de Empresas de la Universidad de León en España. En medio de la vinculación con el caso SQM, la popularidad del ministro comenzó a caer.
Finalmente, el 11 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet concretó su primer cambio de gabinete, donde optó por modificar por completo a su comité político.
Tras dejar el cargo, el militante PPD señaló visiblemente afectado que “del lugar que yo provengo sé de la lealtad y el esfuerzo. Sé que las cosas en la vida no son fáciles, hay que trabajar duro para salir adelante”.
Luego de dejar el cargo, el ingeniero ha sido citado a declarar en dos oportunidades. T13 tuvo acceso a su primer testimonio, donde evitó referirse a si Bachelet estaba en conocimiento de la vinculación de los funcionarios de la campaña con Asesorías y Negocios. En su segunda comparecencia, fue interrogado respecto de los pagos de AyN y respecto de la arista de presuntas filtraciones del fiscal Ayala hacia Interior, la que finalmente fue sobreseída.
Desde su salida del gabinete que Peñailillo no habla con Bachelet. Un reportaje de La Tercera reveló en noviembre que un quiebre irreconciliable se produjo luego que la presidenta anunciara en Canal 13 que había decidido pedir la renuncia a todo su gabinete. “Hacer eso está bien, hacerlo en televisión es de país bananero”, le habría dicho el entonces ministro. Cuatro días después, se concretó su salida del Gobierno.
El día que pidió la renuncia a todos sus ministros
“Le voy a contar algo. Hace algunas horas les pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quienes se quedan y quienes se van”.
Esta fue la reveladora confesión que hizo la Presidenta Michelle Bachelet el 7 de mayo en una entrevista con Don Francisco, para Canal 13.
La noticia generó impacto en el mundo político y reacciones en la prensa internacional.
Finalmente, Bachelet se tomó más de las 72 horas autoimpuestas y concretó el cambio de gabinete a primera hora del lunes 11 de mayo.
El ajuste fue radical. La Presidenta optó por remover a todo su equipo político, incluyendo a su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y al vocero Álvaro Elizalde. Por otro lado, la salida del titular de Hacienda, Alberto Arenas, marcó el fin de una tradición desde el retorno a la democracia que los jefes de esta cartera se mantenían durante todo el mandato. Si bien Ximena Rincón fue removida de la Segpres, Bachelet decidió mantenerla en el equipo, trasladándola a la cartera de Trabajo.
En reemplazo de Peñailillo asumió el hasta entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos. En tanto, Rodrigo Valdés, Jorge Insunza y Marcelo Díaz llegaron a Hacienda, Segpres y Segegob, respectivamente.
Cambio de gabinete: Los que ganan y pierden con los ajustes en el equipo presidencial
Los 28 días del ministro de la Segpres
Menos de un mes alcanzó a estar Jorge Insunza como ministro de la Segpres.
Fue una tarde de domingo cuando el ex diputado llamó a un punto de prensa en La Moneda para notificar que había decidido dar un paso al costado, tras los cuestionamientos por los informes de sus asesorías a Codelco y Antofagasta Minerals. Esta última mientras se desempeñaba como parlamentario y presidía la comisión de minería.
Insulza descartó haber realizado lobby para las mineras, aseverando que se trataba de informes de “análisis político”. Pese a las explicaciones, el episodio desató una profunda molestia en los partidos del oficialismo y, en especial, en su propia colectividad, el PPD. “Esto no se puede explicar. No hay nada que lo pueda justificar” sostenía uno de los parlamentarios de sus filas.
"Le he presentado mi renuncia a la Presidenta Bachelet. Lamento profundamente haberle creado un problema”, fueron sus declaraciones.
Los 28 días de Insunza en la Segpres, además, se vieron complicados por las críticas de parlamentarios por sus vínculos laborales con la firma de lobby Imaginacción y por acusaciones de “improvisación” en su interpretación del proyecto que busca regular el límite a la reelección.
Por otro lado, la fallida nominación del titular de la Segpres reabrió un debate en torno al “secretismo” con que el Gobierno había realizado las designaciones de cargos clave.
Los complejos 28 días de Jorge Insunza en el gobierno
El complejo escenario de RR.EE tras el fallo en La Haya
Por 14 votos a 2 la Corte Internacional de La Haya resolvió rechazar la objeción preliminar interpuesta por Chile. El fallo dado a conocer el 24 de septiembre implicaba que el tribunal se declaraba competente para pronunciarse por el caso, donde Bolivia pide obligar a La Moneda a negociar de buena fe una salida al mar con soberanía.
La Haya: Las 5 claves para entender el fallo que rechazó las objeciones preliminares de Chile
En Bolivia hubo aplausos y celebraciones. “Hoy 24 de septiembre es un día histórico, un día que será inolvidable para los bolivianos y bolivianas, porque es un paso importante en esta demanda para volver al océano pacífico”, dijo Evo Morales.
Desde la cancillería chilena salieron a destacar un párrafo de la resolución que limitaría la pretensión boliviana.
“La Corte ha limitado evidentemente la petición boliviana. La Corte no se ha pronunciado ni está predeterminando un eventual resultado de una negociación", sostuvo el canciller Muñoz.
Se trataba de un fallo complejo de interpretar, y que incluso desató diferencias en el propio Gobierno. Mientras Jorge Burgos dijo que en términos procesales "era un mal resultado", la Presidenta Michelle Bachelet fue enfática en señalar que "no es un revés jurídico y el fallo es mucho mejor de lo que se esperábamos. Yo creo que lo que hizo el ministro es que es abogado, entonces usó un término jurídico".
Por otro lado, la sensación de una “derrota” en La Haya se instaló en los sondeos de opinión. 11 puntos ha caído el manejo de las relaciones internacionales desde que se conoció el fallo, llegando a un 56%, que es además la cifra más baja que se tenga registro desde que se mide la encuesta, en 2006.
En medio de este contexto, el 23 de noviembre el agente Felipe Bulnes presentó su renuncia acusando una “falta de cohesión” frente a la labor del equipo jurídico. En su reemplazo asumió el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
En estos momentos el equipo jurídico de la cancillería trabaja en la preparación de la contramemoria, documento donde deberá responder a los fundamentos de hecho y derecho presentados por Bolivia. La fecha límite es el 25 de julio de 2016.
Los problemas vecinales, sin embargo, no se remitieron sólo a Bolivia. Una fuerte polémica comenzó con Perú el pasado jueves 15 de octubre, luego que el Congreso de ese país aprobara la creación del distrito de la “Yarada-los palos”, que refrenda la posición peruana sobre la frontera terrestre, situándola cerca de 260 metros al suroeste del límite defendido por Chile.
La situación generó el inmediato rechazo por parte de Chile, que manifestó públicamente y a través de notas diplomáticas que el límite terrestre es el Hito 1. El episodio alcanzó uno de sus puntos de máxima tensión luego que en pleno Palacio de La Moneda el embajador limeño, Fernando Rojas, señalara que se trataba de territorio “absolutamente peruano”.
Tras los dichos de Rojas la Presidenta Bachelet canceló un encuentro con alcaldes peruanos. Días después, el diplomático retornó a su país.
Pese a que ambos gobiernos han realizado gestos para distender el ambiente, hasta el momento ni Rojas ni su homólogo chileno Roberto Ibarra han retornado a sus respectivas misiones.
El revés en el TC por la gratuidad
Una accidentada tramitación tuvo la gratuidad universitaria en 2016. Todo comenzó el 21 de mayo cuando la Presidenta anunció que adelantaría el inicio de la medida –originalmente prevista para 2017- para cerca de 264 mil alumnos de los deciles más vulnerables.
Luego de varios cambios de criterio, el Gobierno ingresó en el marco de la ley de presupuesto una glosa para regular la gratuidad para el próximo año, la que apuntaba a financiar la matrícula y el arancel de los estudiantes de los cinco primeros deciles que cursaran estudios en las Universidades del Cruch, además de las instituciones privadas que cumplieran con 4 años de acreditación, no tuvieran fines de lucro y contaran con mecanismos de participación estudiantil en sus estatutos. También se incluía a CFT e IP con más de 4 años de acreditación y sin fines de lucro.
El Gobierno logró aprobar la glosa con los votos de la Nueva Mayoría. Sin embargo, la oposición decidió recurrir al Tribunal Constitucional, pues consideraban que la medida discriminaba arbitrariamente a estudiantes igual de vulnerables.
Tras una ronda de alegatos, el tribunal le dio la razón a “Chile Vamos” –ex Alianza- al determinar que la redacción de la ley de presupuesto introducía "diferencias injustificadas entre estudiantes vulnerables". Por otro lado, el tribunal cuestionaba que se eximiera a las universidades del Cruch de los requisitos que se les exigía a las instituciones privadas.
Al eliminar los requisitos para acceder al beneficio, la glosa de la ley de presupuesto se volvió inviable. Ante ello, el Gobierno optó por enviar una ley corta para regular el beneficio, considerando los criterios fijados por el TC.
Tras lograr un acuerdo con la oposición, el Ejecutivo logró aprobar la gratuidad para el 2016 y evitar una nueva presentación ante el TC. La medida, finalmente, entregará gratuidad a 178 mil alumnos de un total de 30 instituciones. En tanto, los alumnos de IP y CFT no accederán formalmente a la gratuidad, pero recibirán un incremento en las becas Nuevo Milenio.
¿Qué universidades tendrán gratuidad en 2016?
Inédita baja en las encuestas
El 2015 fue además un año negativo para Bachelet en los sondeos de opinión. Tras el estallido del Caso Caval, la popularidad de la Mandataria comenzó a experimentar una baja progresiva, que llegó a su punto máximo en agosto, cuando registró un 24% de aprobación y un 72% de rechazo. Todo esto en un mes marcado por la polémica por el formateo del computador de Sebastián Dávalos en La Moneda y su declaración ante la fiscalía.
De enero a agosto, la popularidad de la Mandataria había caído 20 puntos. Y no sólo eso: había alcanzado el peor registro desde que se realiza el sondeo, superando el rechazo a Sebastián Piñera en 2011, en medio de las protestas estudiantiles. Si bien en los meses siguientes Bachelet experimentó una leve mejoría, el último sondeo de Adimark cifró la aprobación en un 26%.
La encuesta CEP también mostró resultados negativos para la Mandataria. De hecho, hace un año la aprobación se cifraba en un 38%, mientras que en noviembre de 2015 alcanzó apenas un 24%.
Por otro lado, este sondeo mostró un desplome en la confianza hacia la jefa de Estado: Un 64% de los encuestados no le cree.
El impasse por el viaje a La Araucanía
Bachelet cerró el 2015 en medio de una polémica con su ministro de Interior, Jorge Burgos. Esto luego que el secretario de Estado fuera marginado del viaje de la Mandataria a La Araucanía, donde se reunió con víctimas de la violencia en la zona.
Según trascendió, Burgos fue informado recién cerca de las 9 de la mañana, cuando Bachelet ya se encontraba volando hacia Temuco. Esto pese a que el ministro del Interior es quien ha llevado el diálogo con las víctimas y ha visitado la zona en cinco oportunidades. Tampoco fueron informados en forma previa los parlamentarios de la zona, lo que desató críticas y llevó a que varios de ellos a restarse de las actividades.
La marginación de Burgos desató molestia en la DC, que ayer se reunió de emergencia para abordar el episodio. Incluso, el ex timonel Gutenberg Martínez pidió evaluar la permanencia de la colectividad en el Gobierno en caso que no se pudiera superar el impasse.
La tarde de ayer, el ministro de Interior se reunió con Bachelet para manifestar su molestia por la forma en que su equipo de asesores había organizado la visita a la zona. Según trascendió, Burgos presentó su renuncia, pero Bachelet no se la aceptó.
La DC valoró la ratificación del ministro, pero hizo fuertes críticas hacia el equipo de asesores de la Moneda, el denominado “segundo piso”, y en especial a la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte.
Hoy el vicepresidente DC, Matías Walker, fue más allá y dijo que “la propia Ana Lya Uriarte tiene que darse cuenta del error que ella misma y su equipo causaron y ella misma debiera ofrecer su cargo a disposición”.
En todo caso, esta no es primera vez que Bachelet cierra el año en medio de una polémica con un ministro. El 30 de diciembre de 2014 Helia Molina dejaba su cargo en el Minsal tras polémicas declaraciones sobre el aborto en las “clínicas cuicas”.
